Advierte muy sabiamente este periódico que los artículos de opinión reflejan únicamente ideas personales. Eso he tratado de buscar en el que publica Juan Vicente Yago titulado «La batalla de la X». Sin embargo, sólo he encontrado afirmaciones personales que no se compadecen con la realidad y, eso sí, gran cantidad de epítetos descalificadores. Ataque, no ideas ni razonamientos. Por eso es difícil polemizar con él y voy a intentar brindar algunos datos y no meras descalificaciones.

El resultado económico del Concordato de la Santa Sede con el Estado español es la desviación desde el erario público hacia la Iglesia Católica de casi 11.000 millones de euros. Esta gravosa cantidad se compone, entre otras, de las siguientes partidas: 249 millones que proceden de la famosa casilla en la Declaración del IRPF; 80 millones que proceden de la casilla otros fines y que van a diferentes proyectos sociales de instituciones católicas, tipo Cáritas, residencias, etcétera; 2.000 millones que el Estado recaudaría si la Iglesia Católica no estuviese exenta del pago de impuestos como el IBI.

La UE ha obligado a las Iglesias a pagar el IVA, pero el Gobierno anterior compensó a la Iglesia Católica incrementando el porcentaje de su casilla en el IRPF: 4.600 millones que el Estado abona a la Iglesia para la financiación de los colegios concertados (la casi totalidad son de credo católico) y para pagar los salarios de los 16.000 profesores de religión de los colegios públicos. Más 3.200 millones para financiar hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas. Otros 25 millones para pagar el sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles. Y 500 millones para financiar la conservación del patrimonio artístico inscrito a nombre de la Iglesia Católica como propietaria. ¡Y el señor Yago dice en su artículo que hace tiempo que la Iglesia no percibe dinero del Estado!

Como ve, no he tenido que usar términos muy suyos como «rancio, trasnochado, butifarra, carnemomia» con los que obsequia a quienes tan solo quieren que el dinero público vaya a las necesidades sociales públicas como son la educación, la sanidad y la solidaridad, término éste mucho más noble y respetuoso que su «caridad». La realidad es que la Iglesia, muy loablemente, quiso en su día sacudirse la dulce dependencia económica del Estado y para ello solicitó que se le abonase un porcentaje de la recaudación por el IRPF mediante el mecanismo de marcar con X una casilla de la declaración del IRPF. Ya había calculado que con ese dinero habría suficiente en un país tan católico como España. Desgraciadamente, comprobó que tan sólo el 30% de los contribuyentes había marcado la X. Confío en que no nos hagan pagar también la campaña de publicidad que se nos avecina.