La Bankia siempre gana, así en la ruleta de los casinos de azar como financieros, afectados en ambos casos por idéntica ludopatía. Rajoy ha desmentido con energía a quienes le acusan de despreocuparse de la salud de los ciudadanos. Le asiste la razón, porque ha invertido miles de millones —billones, si se retomaran las pesetas— en sanear las instituciones que han arrastrado al país a la insania financiera. Los opulentos consejeros del banco de Rodrigo Rato podrán pagarse la mejor salud que el dinero puede comprar, sufragada por los ciudadanos que se quedarán desprotegidos para cubrirles. En este sacrificio consiste la caridad cristiana, tan alejada del neoliberalismo como próxima a los valores inexpugnables de los políticos implicados.

Siempre pomposo, el Gobierno de Rajoy anuncia que dará a Bankia el dinero de otros «estrictamente necesario». Extraño compromiso, porque invertir un euro más sería un delito de malversación, que debería sumarse a los casos de corrupción destapados en las comunidades de Madrid y Valencia, que no casualmente son las comunidades matrices de la entidad bancaria a sanear. El jueves, cada español se despertó con cien euros menos en el bolsillo, para sanear a los compañeros de partido del presidente del Gobierno, jaleados por el PSOE. La salud de un banco que no ha llegado al segundo cumpleaños equivale a cuatrocientos euros por familia; aterroriza pensar en su coste cuando alcance la mayoría de edad.

Las cantidades a desembolsar para sanear a las excajas que han funcionado sin ningún control alcanzarán los mil euros per cápita. Mientras se gestaba el desastre, el gobernador del Banco de España actuaba como presidente de la patronal bancaria y cargaba contra trabajadores que no han comprado solares a cien veces su precio real. A ninguno de los personajes involucrados se le exigirán responsabilidades, por decisión consensuada de PP y PSOE. El bipactidismo funciona mejor de lo que traducen las trifulcas del gallinero parlamentario. A los partidos mayoritarios todavía no les preocupa que el último barómetro del CIS les otorgue la suma de apoyos más baja de la historia. España ya se parece a Grecia en la magnitud del fraude fiscal y en la escasa fiabilidad de sus balances bancarios. La metáfora se trasladará ahora a la fragmentación del espectro político.

La sanidad universal es un lujo que los españoles no se pueden permitir, aunque pueden contribuir modestamente a la salud de los escalones superiores del magma bancario. La confusión es la mejor manera de engañar a los contribuyentes, y Rajoy ha encontrado en el Frob la versión tecnócrata del maná. En lugar de preguntarse cuántos bankias puede soportar España —habida cuenta de que las deudas de este banco ejemplar superan el Producto Interior Bruto de la mayoría de países del planeta— se transmite la impresión de que la exacción a la población es inagotable.

El Gobierno oculta deliberadamente que la recolocada Elena Salgado fundió el Frob con el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya naturaleza no requiere precisiones adicionales. Es decir, que se debilitan las garantías de los impositores para sanar a los ejecutivos. De este modo, habrá ciudadanos que no podrán pagarse la sanidad ni aunque dispongan de ahorros, debido a que cometieron la torpeza de guardarlos en un banco fracasado. Aparte del gasto desaforado para la intervención quirúrgica a Bankia —no abundan los contribuyentes que puedan desprenderse de un millar de euros sin un análisis previo de su destino— la operación se plantea como si el banco estrepitosamente fracasado hiciera un favor al Estado.

De entrada, se tolera el escarnio de que Rato se despida como si hubiera ganado la Champions. A continuación, se le autoriza a que nombre a su sucesor de abigarrado apellido, como si en la designación fuera a mostrarse más acertado que en la desastrosa gestión de Bankia. En el siguiente capítulo, el encumbrado Goirigolzarri propone que se aporte dinero público a su institución, como si contara con un montón de fondos incautos dispuestos a invertir. La nacionalización del banco, que supone la negación del capitalismo, no implicará que los sueldos de su cúpula se equiparen a los percibidos por los funcionarios de la sanidad pública, por poner un ejemplo de austeridad. Por fortuna, la crisis ha enseñado a los ciudadanos que la difícil comprensión de un asunto económico no se debe a sus complicaciones o a la torpeza del oyente, sino a que le están engañando.