Cumpliendo con los plazos anunciados hace un año, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que dirige Isabel Bonig tiene ya listo el proyecto de una nueva ley urbanística que refundirá las cinco leyes y los dos reglamentos vigentes en la actualidad. De los más de 1.200 artículos por los que ahora se rige el urbanismo valenciano se pasará a un texto de 267 con el objetivo declarado de «evitar posibles contradicciones y fijar unas reglas básicas, ágiles, claras y transparentes en la tramitación urbanística». La propia consellera reconoció que pretendía aprovechar «este momento en el que no hay tanta presión urbanística» para abordar esta unificación en la que han fracasado desde 2005 sus predecesores Rafael Blasco, José Ramón García Antón y Juan Cotino.

La reforma da respuesta a una de las principales quejas del sector, que ha denunciado reiteradamente que la actual maraña legal —con disposiciones incluso contradictorias entre sí— supone un pesado lastre para cualquier actuación. Uno de los puntos fundamentales del nuevo texto es que agilizará los planes generales con la aplicación de las normas europeas sobre exigencias medioambientales, al tiempo que limitará el crecimiento desordenado de los municipios.

Asimismo, todo indica que se mantendrá la figura del agente urbanizador, la mayor aportación de la legislación autonómica a la norma estatal. Con todo, el cambio introduce una incertidumbre no menor: con qué ley se tramitarán los PAI ya presentados y pendientes de aprobación.