Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana ya adeudan a los autónomos 677 millones de euros de facturas y trabajos realizados desde el pasado 1 de enero. La situación, que se produce tan sólo unas semanas después de cerrarse el plan de pago a proveedores impulsado por el Ministerio de Hacienda para resolver el problema de los 4.350 millones de facturas sin pagar, aventura una nueva bola de nieve de dimensiones y consecuencias impredecibles por dos motivos. El primero, porque se está gestando en una situación económica límite, con las cuentas de la Generalitat «intervenidas», de las que además habrá que descontar durante los diez años próximos los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.350 millones €que no han sido gratis€, en una comunidad que es líder en deuda financiera en relación con el producto interior bruto (PIB) y con préstamos acumulados por más de 26.000 millones de euros. Y eso sin contar con los ajustes que provocará, se quiera reconocer o no, la solicitud de los 3.500 millones al Fondo de Liquidez Autonómico para afrontar el déficit y los vencimientos de deuda hasta final de año. El segundo motivo de preocupación es que, mientras sigue creciendo la bola de nieve de las nuevas facturas impagadas, las posibilidades de que se vaya a producir otra solución arbitrada desde el Gobierno central como la del primer plan de pagos son prácticamente nulas, dado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya se encuentra maniatado por Bruselas con un plan de recortes hasta 2014 de 102.000 millones de euros.
