A finales del presente mes de agosto, a tres cuartas partes de la plantilla de profesores asociados de las universidades valencianas no se les renovará el contrato. Esta decisión, poco conocida por la opinión pública, en el marco de una política antisocial de recorte de derechos, trae causa en el decreto Wert (Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo). Este decreto es conocido en el ámbito universitario por lo que va a significar de aumento de las tasas universitarias, pero incorpora otras medidas que atacan igualmente los aspectos de naturaleza fundamental en lo que hemos conocido los últimos 35 años como sistema público de enseñanza universitario. En particular, su aplicación obliga a aumentar la carga lectiva para los profesores titulares, con el consiguiente desplazamiento extrauniversitario de los profesores asociados.
Los profesores titulares de universidad tendrán menos tiempo para realizar actividades de orden investigador. Se pretende que mayoritariamente su actividad sea de carácter lectivo, dejando de lado las labores de investigación básica y aplicada propias de la esencia universitaria de las sociedades más avanzadas, e imprescindibles en la actual situación de crisis para abordar los nuevos retos de transformación tecnológica, que posibiliten escenarios de superación de la crisis. Parece como si este gobierno se empecinara en dejar estancada y en permanente recesión nuestra economía.
El profesor asociado es una figura que siempre ha aportado una notable dosis de oxígeno en el contexto universitario. Abrir las puertas de la universidad a profesionales de reconocido prestigio que, previo paso por un concurso público de méritos, se incorporan parcialmente a la docencia universitaria a cambio de una irrisoria contraprestación, significaba un estímulo sanamente competitivo dentro de la endogamia propia de un contexto corporativo.
Este próximo curso académico, nuestras universidades públicas contarán, en términos relativos, con las tasas académicas más elevadas de toda su historia, tendrán una plantilla desmotivada de profesores titulares, con una sobrecarga lectiva y sin apenas posibilidades investigadoras, y prácticamente habrá quedado suprimido el papel de transferencia empírica que realizaban los profesores asociados, desde su contexto profesional al contexto académico. En definitiva, este Gobierno ha conseguido con su política de recortes laminar de un plumazo también los niveles mínimos de calidad en las universidades públicas. Quienes padecerán en mayor grado todas estas consecuencias serán los alumnos universitarios, quienes detectarán en carne propia a partir del próximo septiembre un cambio en la motivación docente de su profesorado.
La educación pública de calidad sigue siendo la base de la igualdad real entre todos los ciudadanos, e igualmente está constatado que la inversión en capital humano es la que mayor retorno económico y social genera. Si recortar derechos sociales significa no tener corazón, recortar en calidad educativa significa no tener cabeza.
?Profesor Asociado de Economía Aplicada. Universitat de València
