ÚLTIMA HORA

Ayuntamientos y ley

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Martín Sevilla

El Gobierno español, dentro de las numerosas iniciativas de recorte del gasto público, subida de los impuestos y reformas sectoriales, se ha planteado también cambiar la legislación de régimen local. Esta iniciativa, contenida y anunciada en el Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2012, ya dispone de un «Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se anuncia un posible ahorro al aplicar sus medidas de unos 3.500 millones de euros.
Sin embargo, días pasados se anunciaba un frenazo a esta iniciativadebido a la protesta generada entre los propios miembros del Partido Popular ante las consecuencias previstas con las modificaciones que se introducían en la planta municipal y en la gestión de los Ayuntamientos. Las cuestiones que se plantean son que ni los posibles ahorros en la gestión son tan voluminosos, ni las mejoras en la gestión tan notables como para asumir modificaciones organizativas que supondrán una enorme pérdida de tiempo y esfuerzos estériles que, incluso, pueden hacer más compleja la vida local.
El razonamiento del Gobierno es que, debido al elevado número de municipios (8.116 en toda España) y a las duplicidades de servicios que se dan con otras Administraciones (autonómica y central preferentemente), podrían obtenerse muchos ahorros a través de la eliminación de esos servicios duplicados y de las economías de escala que se obtendrían a través de su prestación por parte de otra Administración (en concreto, las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas uniprovinciales).
La realidad es que el 95% de los municipios españoles tienen una población inferior a los 20.000 habitantes, por lo que la reforma propuesta alcanzaría a una gran parte de la vida municipal. Sin embargo, los problemas que se tratan de solucionar no son homogéneos en todos estos municipios ya que en cada uno de ellos se plantean problemas diferentes. ¿Realmente se conseguirían economías de escala si centralizáramos la gestión en una Administración ajena a los mismos?
La opción tomada en el anteproyecto de ley es la de que no se suprimirían municipios, manteniéndose por tanto unos servicios imprescindibles para que los mismos pudieran llevar a cabo algunas competencias mínimas, con lo que estos gastos no podrían ser ahorrados en ningún caso. Pero, además, una buena parte de estos municipios, gestionan adecuadamente las competencias que ahora tienen. ¿Se verían afectados también y deberían traspasar las mismas a las diputaciones provinciales?¿Quién debería determinar cuáles deberían ser intervenidos y cuáles no? La situación plantearía un debate político importante al vincularse estas decisiones con la propia composición política de los mismos originando no pocos enfrentamientos.
Por otro lado, muchos de los servicios municipales son prestados en estos municipios por empresas privadas a través de contratos o concesiones a largo plazo (especialmente los relativos a basuras y abastecimiento de aguas). ¿Deberían cancelarse para de esta forma conseguir las economías de escala que se tratan de alcanzar, o se dejarían vigentes hasta el fin de la concesión, introduciendo un distinto trato en cada caso?
Conseguir economías de escala no es tan fácil en estas situaciones ya que los costes superiores en la prestación de los servicios muchas veces tienen que ver con las especiales circunstancias de la estructura municipal, como pueden ser la dispersión municipal sobre el territorio, las dificultades en la prestación del servicio, la estructura de edades y el envejecimiento de la población, etc., por lo que nos podríamos encontrar con que los costes finales fueran semejantes en las distintas formas centralizadas o descentralizadas de la gestión, con lo cual, un gran esfuerzo en las reformas no tendría una respuesta efectiva en el ahorro conseguido.
Lo anterior no son observaciones que nos deban llevar a la renuncia de reformas en el ámbito local. De hecho, algunos avances se están dando en algunos aspectos fundamentales que, sin tanto bombo y platillo se están dado en la gestión municipal. Por ejemplo, en el ámbito de la recaudación de tasas e impuestos, en la Provincia de Alicante se dispone de un órgano provincial como es SUMA que ha permitido durante los último años centralizar de una forma voluntaria los ingresos propios de los Ayuntamientos logrando una mayor eficiencia a este respecto.
Tanto la Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas disponen de una gran cantidad de instrumentos adecuados para fomentar mejoras en la eficiencia de los servicios municipales sin necesidad de plantear cambios radicales y generalizados que, en la práctica, puede que no logren ningún tipo de ahorro y que únicamente provoquen un mayor nivel de conflictividad. Pero posiblemente, para ello se requiera un mayor esfuerzo a los responsables políticos y, en los tiempos que corren, parece que esto no es fácil de conseguir.

?Catedrático de Economía de la Universidad de Alicante

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