La Conselleria de Educación está trabajando en una orden para regular el intercambio, la cesión y el préstamo de libros de texto en todos los centros escolares sostenido con fondos de la Generalitat. La consellerá María José Catalá pretende así actuar sobre tres propósitos. Por un lado, fomentar la solidaridad y el ahorro entre las familias más necesitadas en tiempos de crisis. Por otro, alimentar valores pedagógicos estrechamente ligados a la ecología, el reciclaje y el respeto medioambiental. Y en tercer lugar, reglamentar €y, por ende, universalizar€ las acciones de algunos centros escolares que habían diseñado sus propias normas para el intercambio de libros, en general bajo el control de las Ampas. Nadie podría objetar el compromiso cívico de los dos primeros puntos, pues se benefician las economías familiares truncadas y se potencian los valores del respeto hacia el bien común. Sin embargo, es en el control de la reutilización del material escolar donde se origina el debate, en buena parte ideológico. La conselleria deja en manos de los consejos escolares la decisión de liderar el proyecto en cada centro para que, a su vez, elijan al AMPA o al delegado de la biblioteca escolar. Algunos colectivos ya han instado a Educación a que tutele la gestión del «banco de libros» a fin de equilibrar las responsabilidades y disminuir el influjo de los padres de alumnos. Es un debate abierto. En cualquier caso, la intervención de Educación sobre una práctica cada vez más extendida era necesaria para uniformar los usos y reducir singularidades caprichosas.
