Los empresarios del transporte escolar llevan cinco meses sin cobrar. La Generalitat no les paga desde febrero. Son unos «proveedores» más al que la administración valenciana les adeuda 30 millones de euros. Con la particularidad de que el inicio de curso comienza el 7 de septiembre en Infantil y Primaria y este servicio puede dejar a 20.000 alumnos en casa. El sector reivindica un calendario de cobros al igual que sucede con el de las farmacias. Asegura que asumieron una deuda de dos meses pero que esta vez, como sucedió en abril, la situación se prolonga y algunas empresas apenas disponen de liquidez para el gasóleo y otras necesidades básicas, que también han incrementado los precios. La Conselleria de Educación sostiene que la situación se solucionará en breve y se les abonará la deuda, pero tiene más impagos a los que hacer frente. El curso arranca con 35 millones de deuda a colegios e institutos por los gastos corrientes de funcionamiento, según ha denunciado la Asociación de Directores de Instituto de Enseñanza Secundaria, una situación calcada a la del año pasado, sin que al parecer haya mudado la naturaleza de los problemas.

Es evidente que el Consell ha de fijar un calendario de pagos a las empresas que prestan un servicio público. El transporte escolar es básico para el funcionamiento de la educación y la eficacia ha de garantizarla el área correspondiente. Sería impensable que miles de niños se quedaran sin escolarizar sin al menos trasladar al sector un compromiso para desatascar la cuestión.