Que nadie venga a contarnos los vicios y carencias de la última Administración Pública centralista. Serán todos ellos y seguramente algunos mas. Pero que nadie se atreva a afirmar que con los nuevos tiempos se ha erradicado uno solo de ellos o se ha incorporado alguna virtud.
Lo de opositar para ser funcionario no resultaba fácil; la dificultad de las oposiciones, largos temarios, dura competencia, era decisiva para disuadir voluntades y que la gente joven buscara otros medios para labrarse un porvenir con mayores posibilidades que las estrecheces de una nómina; había iniciativas, perseverancias, éxitos y fracasos, pero al fin una diversidad en que ser funcionario no se consideraba una panacea.
Para los nuevos políticos, esas señoras y señores que eran dueños de un puesto de trabajo vitalicio resultaban incómodos porque sabían todo cuanto ellos ignoraban; y en vez de contar con ellos aprovechando el capital humano optaron por la desconfianza; reconoceremos que sí, que efectivamente, hubo colectivos acostumbrados a una autonomía de funcionamiento que pusieron en jaque las intenciones de aproximación, que también las hubo pero que, en ningún caso, pueden justificar los hechos posteriores.
A los nuevos tiempos correspondía una Administración nueva y a ello se pusieron; el problema es que para hacerlo ignoraban la ya centenaria que habían encontrado y en vez de analizarla y corregirla se lanzaron a otros vericuetos que empezaron por eliminar los criterios de selección de personal mediante oposiciones libres se acentuó la contratación laboral y, en todo caso, inventando sistemas de evaluación como las «entrevistas», tan subjetivas ellas, «el perfil», tan dependiente del objetivo que lo enfocase... Con eso se conseguía que junto a personal cualificado se incorporase al laboral público el meramente enchufado, en cumplimiento de la promesa electoral de que habría para todos. Se recurrió a empresas externas que iban a preguntar en qué consistía tu trabajo de años para contarte después cómo tenías que hacerlo y qué estructura faraónica necesitabas para desarrollar lo que entre cuatro personas se llevaba a cabo; se las buscó para informar a los ciudadanos y como los supuestos informantes no tenían la menor idea se convirtieron en un clavo de zapato para el funcionario al que molestaban tan continuamente que acabaron siendo eliminados. Letrados, Abogados del Estado transferidos y excelentes conocedores de la legalidad se recluyeron en una torre para buscar despachos privados de dudosos méritos.
Y ahora resulta que los responsables de este desastre dicen que el número de trabajadores o funcionarios es excesivo y hay que meter la tijera metiendo a todos en el mismo saco de forma que la desigualdad en la entrada se compense con la igualdad en la salida. Hay que echarlos a la calle, dicen, y lo dicen ahora. No lo han hecho en época de bonanza, en que los despedidos pudieran conseguir alternativas laborales; han esperado al momento de mayor índice de paro para ponerlos de patitas en la calle. ¿Es que acaso los trabajadores del sector público son los responsables de esta feroz crisis? ¿Es que no se dan cuenta de que cada vez que se despide a un trabajador no solo deja de ingresarse el IRPF sino que de las arcas públicas sale el dinero de las prestaciones? ¿Alguien ha hecho las cuentas de lo que efectivamente se ahorra con los despidos, teniendo en cuenta el gasto social presupuestario que implica llevar a un trabajador al paro?
Es indignante que en este país haya desaparecido todo vestigio de responsabilidad personal de sus gobernantes. Quienes han propiciado los excesos son los culpables directos de que tantas personas no hayan buscado un lugar de trabajo en el sector privado al que pudieron acceder durante muchos años; son los responsables de que hoy en día el sector privado ya no pueda ofrecer puestos de trabajo. Son los responsable de que se procese a un yerno real por disponer del dinero que los políticos, tan alegremente, le han entregado sin que hasta este momento ninguno de ellos haya sido también procesado; porque nadie les puso la pistola en el pecho para congraciarse con el prócer y malbaratar a esta comunidad. Y no se ha procesado a ningún político por el caso Emarsa, como si ellos no fueran culpables de nombramientos indebidos, o interesados, ni del control del gasto.
Esto no puede quedar así; no se puede jugar indiscriminadamente con las personas que como trabajadores del sector público se están viendo privados de la dignidad personal y laboral. Alguien, que no son ellos, tiene que ir al paro. Empecemos por los políticos que hincharon las nóminas innecesariamente; por los asesores que si tanto saben y tan necesarios son a los políticos es que tienen que estar en el lugar de estos; por los gabinetes de prensa, para dejar que cada diario haga su propio trabajo. Por los que reparten su tiempo en distintos cargos retribuidos. Por los gastos suntuarios en coches para orquestar copas vespertinas. Y que ninguno de ellos cueste un solo céntimo a la Seguridad Social. Luego podemos seguir con otros cuyo número, efectivamente, si que es excesivo como ocurre con concejales, senadores, congresistas y diputados.
¿Nos animamos a hacer una lista efectiva de los que nos sobran?
