Ayer, 30 de agosto, era el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas; mala fecha, con media humanidad intentando superar el síndrome postvacacional. Menos mal que tenemos un Gobierno tan preocupado que ha emitido una declaración más dirigida a las desapariciones del Cono Sur o «montañas y desiertos lejanos». Dice el Consejo de Ministros que es prioritario «prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena»... Obviando nuestro estupor, nos congratulamos por estas palabras animándoles a pasar al campo de los hechos en el país donde más de 150.000 españoles siguen desaparecidos, tirados por cunetas y barrancos y esperando esa solución y compromiso que ahora dice tener este Gobiern0. Cada una de esas víctimas enterradas dejó a sus familiares como muertos en vida, víctimas del maltrato y desprecio de la sociedad.

Reclamamos una acción decidida para sacar los restos de allá donde se encuentren, primer derecho de las víctimas vivas de las miles de desapariciones forzadas aún sin resolver en España. Pasó agosto y nada se sabe de la convocatoria de ayudas para las exhumaciones que también dijo este mismo Gobierno que seguiría subvencionando, lo que dada la situación nos hace temer lo peor. Al contrario, seguir con la política de apoyo económico sería la primera prueba de que se creen lo que declaran.

Lo consecuente sería resolver las desapariciones no de Chile o Argentina, sino las de aquí; no es de recibo hacer estas declaraciones y seguir mirando hacia otro lado e incluso obstaculizando las pocas exhumaciones que por desgracia debemos llevar adelante como podemos las mismas ONG y entidades a las que también alaba la declaración gubernamental del 24 de agosto. No queremos tanta alabanza; lo ideal es que no fuésemos necesarios porque el mismo Estado que causó la tragedia, los mismos Ayuntamientos cómplices al dejar enterrar ilegal y clandestinamente aquellos restos en sus cementerios (al igual que la Iglesia), por ley, se hicieran responsables de resolver las desapariciones que entre todos consumaron.

Cruel ironía del destino que Josefa Celda vea iniciar en Paterna la exhumación de su padre al día siguiente del Día Internacional dedicado a personas como ella; más cruel aún es que Pedro Alcorisa ni siquiera haya tenido esa suerte por tener a su padre aún desaparecido y secuestrado en el Cementerio Civil de Valencia, donde Rita Barberá impide que este anciano recupere a la víctima de un entierro clandestino, con la complicidad del mismo ayuntamiento que sigue negando la resolución. ¿Son creíbles declaraciones como la del día 24, contra las desapariciones forzadas, en el mismo país donde alcaldes como Barberá ponen en evidencia al Gobierno haciendo justamente lo contrario?

?Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica