Miles de estudiantes universitarios (cinco mil sólo en el Estudi General de València) verán canceladas en breve sus matrículas al producirse el impago de un segundo plazo domiciliado en cuentas bancarias. La Universitat de València ha detectado que la morosidad alcanza un 10 por 100 de los recibos, que están siendo devueltos por las entidades, un índice que a finales del curso pasado llegó al 6,5 % entre los alumnos de la Jaume I de Castelló, tres veces más que el año anterior.

Los hogares en los que residen los universitarios no escapan a la crisis, el paro y la escasez de ingresos. Y, además, la normativa de tasas de la Generalitat es inflexible y obliga a dar de baja la matrícula tras un segundo impago, con la pérdida de las calificaciones que el alumno hubiera obtenido hasta el momento y también del dinero entregado, que no podrá ser reintegrado.

Así pues, las universidades valencianas se verán obligadas en diciembre y enero a gestionar miles de bajas de matrículas en una especie de desahucios en sus aulas, por exigencias normativas de un Gobierno autonómico que no paga a tiempo a los proveedores ni a quienes le prestan servicios, como ponen de manifiesto los casi 500 millones adeudados a las farmacias.

Muy probablemente, los responsables universitarios tendrán que hacer un esfuerzo de trabajo e imaginación para evitar que la tensión que se vive en la enseñanza por los recortes de fondos no se agrave con las miles de cancelaciones de matrículas que asoman por el horizonte.