Rajoy ha nombrado a Rodrigo Rato como sucesor de Urdangarin en la cúpula de Telefónica. Es otro acierto del presidente, porque sólo un imputado por corrupción posee la sensibilidad precisa para sustituir a otro imputado por corrupción, en la exigente tarea de sentarse en un sillón para cobrar cientos de miles de euros. Cabe presumir que no se advertirán cambios de entidad en la gestión de la compañía, lo cual tranquilizará a quienes piensan que el banquero doblemente fracasado empeora las augustas prestaciones que adornaban al yerno iletrado del Rey. En todo caso, y para consolidar un traspaso de poderes fluido entre ambos genios de las finanzas con dinero ajeno, La Zarzuela debería conceder al insigne Rato el título de Duque de Bankia.

La sensatez obliga a mantenerse al margen del cacareo de las redes sociales. Mientras los anarquistas móviles de la tercera generación se preguntan qué sabe Rato del presidente del Gobierno, y por qué tiene que cargar el silencio a los contribuyentes, los observadores imparciales celebramos el sacrificio de la empresa por el bien común. Telefónica arruina su imagen a cambio de señalar al mundo que no existe diferencia apreciable entre el esposo de la infanta Cristina y el vicepresidente de Aznar. Es una inmolación sin parangón desde la instauración de la tarifa Zaplana.

El vicepresidente Rato privatizó Telefónica en todos los sentidos de la palabra. Tiene derecho a sentirse dolido por quedar relegado a un discreto papel en la cúpula, cuando lo lógico era nombrarlo presidente. Tras la expulsión de Urdangarín, los consejeros de la compañía se alarmaron ante el riesgo de que una simple imputación penal les despertara de la mullida siesta y les dejara sin remuneración. Por tanto, la erección del Duque de Bankia restaura la armonía mercantil, clave para la estabilidad del negocio. La cúpula de una empresa debe reflejar la pluralidad social y, dado que los presuntos corruptos ocupan un lugar creciente en todos los ámbitos, también han de gozar de una representación proporcional en los órganos de gobierno.