La propuesta del Gobierno para delimitar la demarcación geográfica del Júcar favorece las tesis de Castilla-La Mancha, presidida por la todopoderosa Dolores de Cospedal, y pone en riesgo los intereses de los regantes valencianos, hasta el punto de que podría forzar a la Generalitat a renunciar a algunas de las competencias incorporadas en la última reforma del Estatut para mantener su capacidad de influencia en la Confederación Hidrográfica. De hecho, los regantes, en una actitud pragmática, ya han apuntado en esa dirección. Pero la iniciativa del Ministro de Agricultura supone un motivo de preocupación. Este Gobierno está dando indicios de que también se deja influir por las taifas hídricas. De momento ha sido incapaz de cerrar un consenso y cuando lo intenta con decretos como el que delimita la cuenca del Júcar, lo hace con una supuesta equidistancia y no sujetándose al abundante corpus legal que rige la administración del agua en el Júcar: Plan Hidrológico en vigor, Ley de Aguas, Convenio de Alarcón... El proyecto de real-decreto no mantiene los criterios administrativos basados en la unidad de cuenca que prestigiaron a las confederaciones hidrográficas, cuyo esquema ha sido copiado por Europa y varios países del mundo. El texto alude a un supuesto problema de abastecimiento en Albacete que se reduce a que ese ayuntamiento no acepta compensar a los regantes valencianos por el uso de caudales que éstos tienen en concesión. Parece como si Arias Cañete quisiera repartir café para todos, pero eso es lo que hizo la Administración anterior, lo que le valió las críticas del PP, y lo que nos ha llevado a la situación de conflicto actual.
