La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país». Esta es la primera frase de la Lomce. Cuando uno la lee, se sorprende de que todavía alguien defienda esta ley impropia, en realidad un conjunto de artículos complementarios de la LODE vigente desde 2006. Quien haya escrito esta primera frase no ha cuidado mucho el efecto turbador en el lector. La educación no es un motor. La educación es el proceso cooperativo por el que los seres humanos pueden disponer de las bases adecuadas para llegar a vivir como tales a lo largo de su vida. La educación promueve la condición humana. Un país con ciudadanos educados será próspero y competitivo, pero la educación no es el motor de ambas condiciones. En realidad, ambas condiciones no tienen motor alguno. Tienen actores. La educación se centra en los seres humanos y, como consecuencia de su actuación, entre otras cosas, produce un país de gente seria, razonable, creativa, integrada, sana, laboriosa. Luego, cuando suceden todas estas premisas, tenemos un país civilizado y maduro, con una sociedad justa, y desde luego un sistema productivo complejo y competitivo.

La primera frase de una ley es como la punta de lanza de un ejército. Ahí está concentrado todo su espíritu de combate. Esta primera línea de la Lomce es sencillamente un insulto en la cara de la ciudadanía. Si comenzamos viendo la educación como un motor, ¿qué es lo que vamos a regular? ¿Es esta una ley educativa, o es más bien una ley económica sobre la educación? ¿La educación es en ella un acto humano, o es más bien sólo un objeto, un motor? ¿Qué papel juega aquí el ministerio de Wert, el de legislador o el de jefe de taller? En su primera frase, esta ley ve a los ciudadanos como trabajadores. ¿Se puede hacer con este limitado punto de vista una ley que mejore la calidad educativa? ¿No sería más adecuado titular esta ley como «mejora de la calidad laboral»?

Quien haya escrito esta ley no sabe que la actividad educativa como tal es un fin en sí mismo, y no consiente una meta tan reducida e instrumental como la de ser un motor de competitividad. Esta consecuencia se obtendrá a través de las oportunas mediaciones, pero no de forma inmediata y directa. Y entre dichas mediaciones, las sociales y humanas, que de algún modo la ley debería tener en cuenta para que ni condenen ni habiliten el futuro de los escolares. De esa capacidad que el sistema educativo debe tener para superar las desigualdades e injusticias del sistema social, de eso, ni una palabra. Es como si se considerara que esos aspectos ya estuvieran bien en la LODE. Pero sabemos que de la LODE no queda nada tras los recortes que la política del Gobierno ha aplicado a los diversos recursos educativos, justo lo ahora no legislado, lo callado, lo silenciado por la Lomce.

Creo que se puede decir con cierta seguridad que el objetivo central de esta ley no es mejorar el proceso formativo. La ley, desde su preámbulo, asume que eso ya está conseguido en España. En los primeros párrafos dice que el proceso igualitario en educación ya se ha conseguido. Por eso no desea insistir en nada que tenga que ver con lo que, en un despropósito, llama «input». Sólo desea centrarse en el «output». Esto es, deja fuera de consideración todo lo que tiene que ver con la asignación de recursos públicos, número de profesorado, ratio profesor/alumno, y con el proceso educativo mismo. Sólo se interesa por lo que sucede en el afuera del proceso educativo. Muestra preocupación por la evaluación de un sistema que, lejos de estar intacto, no cesa de ser despojado de recursos. En el fondo es como si quisiera decir: da igual lo que suceda dentro; pero dejadme decir la última palabra sobre el afuera. Más que una ley de mejora del sistema educativo, la Lomcepodría llamarse «ley de mejora de la evaluación del sistema educativo».

¿Cómo se desea medir mejor la calidad de la educación? La ley dice que «todos y cada uno de los alumnos serán objeto de atención en una búsqueda de desarrollo del talento». Luego reconoce que no todos tienen el mismo. La consecuencia de esta búsqueda del talento de cada uno será mejorar la movilidad social y despertar ambiciones legítimas. Pero en realidad, lo que sugiere es que la mejora en la evaluación del sistema educativo tendrá como resultado la mejor empleabilidad de los alumnos. Se mejora la evaluación del sistema educativo para que se mejore la capacidad de colocar a cada estudiante en el lugar laboral adecuado. Este es su primer objetivo. Y lo hace con un Ciclo Profesional Básico, en el que los estudiantes podrían ingresar con sólo dos cursos de Secundaria y sin obtener el Certificado de Graduado en ESO. Más que promover la ambición, la ley busca dejar claro, ya desde el segundo curso de la ESO, quién debe incorporarse a los talleres.

Pero en realidad, no sólo desea medir este factor. Lo que desea la ley es proponer ciertos medios de evaluación y medida para que se puedan cumplir determinados objetivos estadísticos de la UE y de las agencias internacionales. Poner el fracaso escolar por debajo del 10% y lograr que el 40 % de los ciudadanos entre 30 y 34 años sean titulados superiores. Para esto se tiene que lograr sobre todo que aumenten los alumnos que obtengan el Graduado en ESO. Pero una vez más, en lugar de centrarse en la mejora del proceso educativo, que es lo que permitiría conseguir este objetivo, la ley se centra en una estrategia externa: diferenciar claramente entre un título de graduado en ESO para enseñanzas académicas, de otro título de graduado en ESO para enseñanzas aplicadas o profesionales. Y este último no sería sólo para los alumnos que hubieran hecho el módulo de Formación Profesional Básica, sino también para los que hubieran cursado enseñanzas académicas. Y esto se haría mediante mecanismos evaluativos centralizados y censales que pudieran reflejar esos índices deseados.

En suma, la ley aspira a evaluar el sistema educativo, a traducir su vida en cifras, a ofrecer datos acerca de sus resultados. Y suponemos que también será el punto de partida para una adscripción de recursos. Una futura ley que defina el estatuto del docente permitirá graduar su carrera y sus emolumentos según esos resultados. Por otra parte, las medidas de autonomía en los centros, con la profesionalización del cargo de director y lo que ello implica, una burocratización intensa, no tienen como finalidad sino lograr una docilidad de los centros para conseguir los objetivos prefijados. El curso de habilitación que todo candidato a director de centro tendrá que haber superado, impartido por el ministerio, garantizará el adoctrinamiento sobre este punto.

Por doquier se dice que se prestará atención personalizada a los alumnos con la finalidad de detectar obstáculos que impidan el éxito escolar. Pero no hay una sola exigencia de ratio profesor/ alumno, ni de ratio recursos/alumno. En realidad, lo que viene a crear esta ley es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el encargado de proyectar a la comunidad internacional las cifras adecuadas de la mejora del sistema. Ante todo, dicho instituto se encargará del sistema estatal de indicadores de la educación. Obtendrá datos de alumnos y centros, y por tanto del profesorado. Si tuviera que resumir las sospechas que me produce esta ley, diría que pretende mejorar los datos de la enseñanza sin invertir en mejorarla. Cómo lograr una educación que presente cifras alentadoras, pero que sea muy barata: eso es lo que esta ley quiere cuadrar y lo que nos transmite. Y el futuro de regulación burocratizada, centralizada y autoritaria que diseña es lo que temen todos los profesionales, pues a atenderla tendrán que dedicar energías inmensas que no ofrecerán a la tarea educativa. Como desnuda operación de marketing, la Lomce no es digna de un legislador preocupado por la calidad de la educación de su país.