El presidente del PP valenciano y de la Generalitat, Alberto Fabra, ha dado un golpe sobre la mesa y, por sorpresa, ha suspendido de militancia a Rafael Blasco y le ha expulsado del grupo popular de las Corts, enviándolo al de diputados no adscritos. Era lo que le venían reclamando desde hace tiempo un sector de su partido, toda la oposición y buena parte de la sociedad valenciana, escandalizada por el elevado número de parlamentarios imputados en distintos casos de corrupción.

Es innegable que Fabra, al hacerse cargo de la Generalitat y el partido en el Gobierno, emprendió un camino de saneamiento interno, relegando a los cargos públicos con causas en los tribunales, que ha sido valorado y reconocido como un gesto de regeneración ante una ciudadanía cada vez más exigente.

Sin embargo, las sanciones que han recaído ahora sobre el exconseller Rafael Blasco no tienen su base en los indicios que los jueces han apreciado en su gestión del dinero de la cooperación al desarrollo, ni siquiera en que la propia Generalitat Valenciana pida para él 11 años de cárcel por los perjuicios causados al erario durante su administración. El político que ha militado en al menos cinco partidos y que ha sido conseller con el PSPV-PSOE y el PP es expulsado por criticar a Fabra y a su equipo en una televisión de signo ultraconservador. Aunque las declaraciones desafiantes de Blasco en televisión hayan sido utilizadas como excusa para apartarlo, los ciudadanos tienen derecho a pensar que se le ha mantenido pese a haberles faltado al respeto a ellos y se le echa ahora por meterse con el líder.

Con todo, la sanción al exconseller abre una etapa convulsa. Los otros ocho diputados imputados pueden intuir lo que les espera, y con otros cinco en el grupo mixto, el PP estará en minoría.