Hace unos días participé en unas jornadas sobre pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria intestinal, muchos de los cuales tienen reconocida la condición de discapacitado e incluso dependientes, y donde pude comprobar en primera persona la situación de absoluta desesperación que vive el sector, así como el descontento generalizado por los recortes impulsados por el Consell. Los últimos números elaborados por la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales confirman que la Comunitat Valenciana está a la cola en esta materia, obteniendo una puntuación de 0,4 sobre 10, pero además, y viendo la evolución del conjunto de las autonomías, extraemos la conclusión de que el Gobierno central se ha propuesto desmantelar el edificio sobre el que se asientan las políticas sociales.

La ley de Dependencia nació justamente para que la estructura del Estado respondiera con todo su plenitud y eficacia a las necesidades de los ciudadanos más desprotegidos, además de que pretendía contribuir a la activación del empleo social. Sin embargo, el paso de los años y la aprobación de los reales decretos-ley 8/2010 y 20/2012, han hecho que el legislador premiara la ineficacia de una Administración que incumple en la aplicación de la Ley de Dependencia, eliminando derechos consolidados, estableciendo períodos de suspensión de la norma y eximiendo a las administraciones de su responsabilidad en el retraso en la resolución de expedientes sobre dependencia.

Los últimos datos demuestran que se están haciendo las cosas francamente mal, y todas las instituciones implicadas, central y autonómicas, parece que se han enfrascado en una alocada carrera en la que, aprovechando la crisis, quieren acometer profundos recortes en este terreno. Quizás como una forma de revanchismo contra una norma que los populares atribuyen a Zapatero, a pesar de que la misma estaba plenamente asentado en Europa desde hacía años, y que de ninguna manera debería tener color político.