Cada cierto tiempo la lucha de algunos ayuntamientos por hacer invisibles a las prostitutas trae de nuevo idénticas preguntas: ¿hay que legalizar la prostitución?, ¿hay que perseguirla?, ¿hay que abolirla?, ¿por qué? Opinan los medios de comunicación, el ministro, el alcalde, la oposición política, los movimientos feministas y el ciudadano y el vecino/a de «la zona afectada». Todos excepto la invisible protagonista, la prostituta.

Valencia no se escapa de los problemas que tienen las ciudades europeas. El ejercicio ilegal de la prostitución genera dos graves inquietudes: la socio-sanitaria y la inseguridad ciudadana; ya que su desregularización provoca enormes beneficios al mercado negro, incentiva la entrada de bandas criminales y crea un submundo de inmigración ilegal, extorsión, tráfico de drogas y delitos que aumentan la delincuencia.

Suecia es un país abolicionista cuya medida estrella es la persecución a los clientes y a los proxenetas. Y la prostitución se ejerce pero en la clandestinidad. Holanda es un país que ha reglamentado los derechos de estas mujeres, que ha reconocido la prostitución como un trabajo, pero que tiene un déficit importante, y es que sólo rige para las holandesas.

En España, la Guardia Civil, el grupo especializado en la lucha contra el tráfico y la trata, considera más eficaz si se diferencia, legalmente, entre lo que es la prostitución forzada, que tiene que seguir siendo delito, obviamente, y perseguida con más fuerza de lo que se hace, de lo que es la prostitución voluntaria, que debería ser legal. La situación de alegalidad de la prostitución a lo que lleva es a que las mujeres que la ejercen estén sometidas a la arbitrariedad de los diferentes poderes públicos locales. La prueba es que ejercer la prostitución no es delito pero se persigue a las prostitutas de calle, el sector más visible y más vulnerable. El problema es la falta de derechos y la arbitrariedad a la que están sometidas según las ordenanzas municipales. Lo que atenta contra la dignidad de las trabajadoras del sexo es que se las siga considerando en el limbo jurídico, como sucede ahora, y ejerzan en unas condiciones terribles y sometidas a la explotación laboral de los dueños de los clubes o de cualquiera que quiera aprovecharse de ellas, porque hoy no están reconocidas como sujetos de derecho. Eso es indigno.

El argumento que impide legalizar la prostitución es uno cargado de moral. Porque creemos que lo que impide reconocer que es un trabajo es que se está hablando de sexualidad. Y tiene unas connotaciones, a pesar de decirse desde posiciones progresistas o feministas, de cultura cristiana de pecado y de que el sexo es algo sucio, especialmente para las mujeres. La sociedad, las formaciones políticas y ciudadanas deberían reflexionar diferenciando la realidad con la moralidad, y lo que se debería es iniciar unas políticas municipales imaginativas e integrales, con todas las instituciones y agentes sociales, incluidas las prostitutas, y propiciar soluciones consensuadas o, al menos, que se mitiguen o eliminen las actividades delictivas regularizando el ejercicio de la prostitución.