La reforma eléctrica aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre ha resultado letal para el sector de las energías renovables en la Comunitat Valenciana. Si primero fue el incipiente subsector fotovoltaico el que se declaró poco menos que herido de muerte, ahora se ha confirmado la puntilla al segundo plan eólico impulsado por la Generalitat. La retirada de los incentivos a la producción de estas energías ha provocado que los inversores que optaron por el negocio se encuentren con un marco regulatorio que ya no hace tan rentable su inversión. En el caso del plan eólico, se trata de la segunda fase del proyecto que arrancó en el año 2002 y que hasta ahora ha supuesto la puesta en marcha de 33 parques con una potencia instalada de 1.170 megavatios/hora, suficiente para satisfacer el consumo eléctrico de dos millones de personas al año. El cambio regulatorio del Ejecutivo supone un giro de 180 grados en la política desarrollada hasta el momento de fomento de las energías alternativas, al contrario de lo que ocurre en otros países como Alemania, Estados Unidos o Israel. Bien es cierto que el sector se había convertido en refugio de algunos cazaprimas en busca de beneficios fáciles, pero ahora se perjudica sobre todo a los inversores serios que habían apostado por las renovables. Pero, sobre todo, introduce más confusión en un marco tarifario oscuro que es de los más caros de Europa.
