Política exterior

Miguel de la Guardia

02.09.2013 | 05:30

La política exterior de nuestro país, cuando no alcanza los niveles de improvisación y zafiedad que hemos visto recientemente con Gibraltar, es más un nombre que una realidad. Eso es algo que los españoles de a pie tenemos asumido por experiencia propia, pues cuando viajamos al exterior quedamos al albur de nuestros propios recursos.
En situaciones en las que nuestros ciudadanos estuvieron en peligro en algún país tuvieron que recurrir a sus seguros privados o a instancias de otros países europeos ante la incompetencia o pasividad de los servicios consulares y embajadas, excepto en contadísimas ocasiones, y eso produce una pésima impresión en quien paga religiosamente sus impuestos y debe mantener el coste de embajadas y consulados de dudoso interés público.
También es cierto que nunca hemos sabido apreciar la ventaja que nos proporciona el cariño de los países latinoamericanos ni el uso del español en América y algunas zonas de África y Asia; lo que compensa con mucho la incapacidad de la política exterior de nuestro país. Además, la crisis financiera ha mutilado gravemente la actuación de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que se había ganado un merecido respeto en los países en vías de desarrollo, y eso nos deja aún en peor situación, quedando en manos del Instituto Cervantes y de los maltrechos servicios consulares y embajadas, todo el peso de la representación e influencia de nuestro país.
Así las cosas, no me gustaría que el tono de mi denuncia quedara en una mera descalificación y para que mi crítica sea vista como positiva ofrezco desde aquí un vehículo poco explotado de relaciones internacionales que son los profesionales españoles que trabajan o viajan al exterior. Nuestros artistas, pintores, cantantes, novelistas y los profesores universitarios e investigadores son, y así deberían ser considerados, embajadores de nuestro país y ello debería conllevar derechos y obligaciones.
En cuanto a las obligaciones, tengo claro que cuando voy a impartir una conferencia a otro país o participo en cualquier actividad académica en el exterior, mi conducta pública y privada deben transmitir el orgullo de pertenecer a este país y los valores de libertad, democracia y tolerancia en que se basan nuestras leyes, además de proyectar una imagen positiva, no solo de las actividades de mi universidad y mi grupo de investigación, sino de todo el país en su conjunto; de ahí se derivará una influencia sobre los estudiantes y colegas, autoridades académicas y políticas con las que tengo ocasión de coincidir y, no duden que, uno de los objetivos de mis viajes profesionales es el de captar estudiantes y científicos brillantes para que busquen becas de su país o de la Unión Europea para formarse en la Universitat de València.
Por lo que se refiere a los derechos ,mis pretensiones no quedan para nada a la altura de la cobertura económica y de asistencia que países como el Reino Unido, Francia o Alemania facilitan a sus investigadores cuando viajan al exterior, me contentaría simplemente con poder contar con los consulados o embajadas si me ocurre algún percance. ¡Qué se le va a hacer si en nuestro país los universitarios contamos tan poco!

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