Será por espacio

05.09.2013 | 01:18

Enrique Climent

Vivimos en los inicios del siglo XXI, y a lo largo y ancho de este mundo Tierra la humanidad manifiesta de una forma creciente su preocupación por el medio ambiente, tanto a nivel individual, como institucional o estatal. Vivimos de la Naturaleza y gracias a ella, razón por la que cada día estamos más concienciados por los grandes problemas que le afectan.
Esta introducción viene a cuento de que al Gobierno español actual parece que el medio ambiente se le da una higa, a diferencia de lo que es la regla casi general en el resto del mundo. Hasta el extremo de que lo adjudicó de forma residual al Ministerio de Agricultura y Alimentación, como si no supieran qué hacer con él. Y así nos va.
Se ha aprobado una reforma de la Ley de Costas, entre cuyas amenidades, y no la única, figura la reducción del ancho de servidumbre de 100 metros a tan solo 20. Con eso se ha ganado una franja de 80 metros para reforzar la muralla que separa a los españoles del mar, nuestro mar, de todos los españoles, haciendo necesario, a no mucho, el uso de planos precisos para poder atravesarla con garantías de éxito.
Después de esta y otras burradas, pasándose el medio ambiente por donde pueden imaginar, sancionadas por una ley que para mayor inri se llama «Ley de protección y uso sostenible del litoral», el mismo ministerio, en su faceta de Medio Ambiente, pretende y propone «autorizar la construcción en terrenos quemados, antes de los 30 años preceptivos». Eso sí, estableciendo que esas construcciones sean de «interés general». ¡Toma Ministerio de Medio Ambiente!
Me planteo dos preguntas que creo que son importantes. ¿Quién decide que una construcción es de interés general? Hasta ahora lo están haciendo los ayuntamientos, con decisiones peregrinas: en los últimos años han considerado de interés general campos de golf, establecimientos hoteleros y en una ocasión (figura en las hemerotecas) un establecimiento de los llamados de alterne, antes se les conocía con un nombre más rotundo y expresivo.
Y si España tiene una superficie de 550.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente, ¿tan mal andamos de espacio útil que el ministro de Medio Ambiente considera que «se ha de aprovechar el suelo quemado para construir una prisión o cualquier obra de interés social»? Prefiriendo esa descabellada propuesta a que se recupere la naturaleza en esos lugares concretos que resultaron quemados accidentalmente o a saber con qué intenciones, lo que estaría mas de acuerdo con los principios que debe defender.
Si esto llega a adquirir carácter de ley, propongo que desde ese momento a los pirómanos se les llame «promotores de construcciones de interés general».
Estoy seguro que en lo que queda de legislatura el señor Arias Cañete nos sorprenderá con alguna otra propuesta que ponga de manifiesto su curiosa forma de entender el medio ambiente. Si la estolidez fuese una virtud, el mentado señor ya estaría incluido en las listas del santoral.

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