El oscurantismo con el que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia su reforma sobre el aborto, privando a la ciudadanía de un productivo y necesario debate sobre la cuestión, nos ha hecho situarnos en el terreno de la mera especulación. Algo que además se complica cuando estamos en un momento político-social donde las posiciones se han polarizado y parece que sólo se puede ser rojo o azul. Apartándome de los discursos maximalistas, resulta imprescindible llamar la atención sobre uno de los aspectos donde existe cierta confusión, anunciándose medidas legales que desregularizarían más allá de los supuestos de 1985, cuando se reconocía el derecho a abortar en el caso de que el feto padeciera una discapacidad, es decir, se suprimiría el denominado supuesto eugenésico.

El ministro utiliza los argumentos de una recomendación efectuada el 23 de septiembre de 2011 por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, donde no se dijo exactamente lo que Gallardón afirma que se dijo, para hacer con ello un peligroso cóctel entre el supuesto eugenésico y los casos en que se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Estas cuestiones hasta el momento venían perfectamente diferenciadas en la ley, pero ahora parece que se aboga por suprimir el primero de ellos y permitir sólo la interrupción en casos de incompatibilidad con la vida o enfermedades muy graves, las cuales conformarían un numerus clausus o lista cerrada de supuestos. Las listas cerradas nunca han sido buenas, ni para la política ni para las leyes, pero además en este caso, lo que se pretende es un alarmante retroceso en derechos fundamentales de los padres, desposeyendo el legislador a los profesionales médicos de su criterio científico y a la familia de su derecho a tomar una triste decisión, dentro de un determinado plazo de gestación.

Esto no significa dejar de lado las legítimas reivindicaciones de organizaciones tan importantes como Asindown. Soy solidario con sus propuestas de articular mecanismos de asesoramiento e información previa al aborto para la familia, con los que poder conocer en primer persona los aspectos positivos y negativos que tienen ese tipo de discapacidades, así como que se incentive la financiación de una adecuada red social asistencial, con la que todos pudiéramos construir una sociedad integradora e igualitaria para cualquier ciudadano. Pero a partir de ahí, siempre hay que respetar esa difícil respuesta de los padres, sin que Gallardón o el Gobierno estén legitimados para restar derechos elementales.