El Gobierno Maura estaba preocupado por el perjuicio económico que comportaba el contrabando de Juan March. Por tanto, Cambó nombró director de la Tabacalera en 1921 a Francesc Bastos, que rima con Castro y no sólo fonéticamente. El nuevo directivo neutralizó a los contrabandistas y multiplicó los ingresos fiscales con métodos audaces, otra vez la figura del juez. Por supuesto, el rey de las finanzas no se estuvo quieto. Mientras pregonaba que la economía es igual para todos, March maniobró infructuosamente para que Bastos no fuera elegido diputado al igual que ocurrió en el caso Infanta, mal llamado caso Urdangarin. Inaugurada la dictadura de Primo de Rivera, el monarca mallorquín dio un paso más y en 1924 denunció a Bastos, que de nuevo se emparenta con Castro.

El dictador dio curso a la denuncia, y Bastos tuvo que recordarle en su alegato que «soy el director de una Compañía que en defensa de los intereses del Estado tiene que perseguir al contrabando, y quien me denuncia es un contrabandista». Al igual que hoy día, Primo de Rivera prefirió escuchar a Juan March, por lo que designó un juez instructor que concluyó la limpieza de la gestión de Bastos, o de Castro. Rabioso, el general prohibió que se hiciera pública la absolución del empleado público.

March no desistió, y decidió manipular el Consejo de Administración de Tabacalera, o lo que llamaríamos el equipo de investigación judicial encarnado en la fiscalía. Presionó a Luis Urquijo, presidente de la compañía, para que destituyera a Bastos por pérdida de confianza de los consejeros. Le arrebataron el caso, como al juez mallorquín. Cambó declaró que «los accionistas no defendieron los intereses del Estado. Se avinieron a los designios del señor March, porque hubo un gran accionista que fue amenazado» por el rey de entonces. En la perezosa tendencia de la historia a repetirse, los piratas siempre ganan, pero no olvidemos la responsabilidad de quienes abusan de nuestra candidez con la máxima de que la justicia es igual para todos.