Cuesta admitir que en las salas donde se imparte justicia puedan atropellarse derechos y libertades. Y mucho más inverosímil resulta que quien desdeña principios constitucionales sea el profesional al que la sociedad confía la interpretación y el cumplimiento de las leyes. Por sorprendente que parezca, ambos supuestos se dieron ayer en la sala de vistas del juzgado de lo penal número 3 de Valencia, donde el redactor de tribunales de este periódico, Ramón Ferrando, asistía a un juicio oral. El juez que presidía la sesión, Jesús Leoncio Rojo, interrumpió la declaración del acusado para recriminar al periodista que tomara notas. De nada sirvió que recordara que se trataba de una audiencia pública „cuyo libre acceso está reconocido en todos los países democráticos„ ni que mentara las amplias fronteras de la libertad de información. Rojo replicó que no le iba a permitir que recogiera la literalidad de las respuestas obtenidas en los interrogatorios como si fuera una entrevista y dio por zanjado el diálogo. Más tarde, una vez acabado el juicio, alegó que esa era la costumbre que había implantado en su sala y emplazó a Ferrando a plantear su queja por los cauces reglamentarios. Faltaría más. Ya se ha hecho. Preferimos pensar que tal comportamiento nada tiene que ver con el hecho de que el acusado fuera un abogado. El corporativismo es odioso. Sea como fuere, ha sido un episodio muy chusco. Coartar la libertad de información tiene muy mala explicación. Y, por supuesto, muy mala prensa.
