La funcionaria que denunció el año pasado en la Fiscalía irregularidades en la gestión de los fondos europeos en la Conselleria de Agricultura ha sido trasladada por el Consell tres veces en doce meses y ha visto denegada una prórroga en la comisión de servicios que le permitió cambiar su puesto en Andalucía por otro en Valencia, que ahora tendrá que dejar a la fuerza. Paloma Coiduras es un raro ejemplo de funcionario que decidió poner en conocimiento de sus superiores y de la justicia unos hechos que, por su trabajo y su cargo, presumía ilegales. Ahora pleiteará contra la Generalitat por hacerle la vida imposible.
El funcionariado surge en la organización del Estado de la necesidad de crear un cuerpo de empleados públicos independientes y libres de las presiones de los poderes político, económico, religioso, etc. Se les asigna un sueldo y un trabajo de por vida precisamente para que no dependan de los denominados poderes fácticos. Pero el poder político ha venido corrompiendo esa figura hasta el punto de desvirtuarla. Desgraciadamente, la mayoría de los funcionarios teme hoy llevar la contraria a sus jefes políticos. Es revelador el caso del ex jefe de estudios de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, que ha callado durante 11 años que tuvo conocimiento de listas de enchufados que entraban sin sorteo a las escasas plazas disponibles y lo ha contado ahora, desde su nuevo destino en Barcelona. A los poderes públicos les corresponde velar por la independencia de sus servidores públicos en beneficio de los ciudadanos y no alimentar el temor y la represalia.
