Estado de Derecho y Cataluña

Jesús León

25.09.2013 | 05:30

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, etcétera.
Hasta aquí algunas citas literales contenidas en el texto de la Constitución de 1978, y que en síntesis, acredita un equilibrio exquisito en cuanto al reconocimiento del hecho diferencial entre las diversas regiones o incluso nacionalidades de España, constituida como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Y sin embargo, el problema catalán ha vuelto a presentarse como un grave asunto para el Estado español. Efectivamente, el Gobierno catalán, con Mas a la cabeza apoyado por CIU y ERC, así como con diferentes sectores independentistas, se ha plantado, y ha considerado que es el momento, de nuevo, de lanzarle el órdago independentista al poder central. Ha valorado que con un Gobierno central agarrotado, débil, dubitativo y subordinado a lo que digan Angela Merkel, el FMI y los poderes fáctico oligárquico-económicos del interior; y con un Jefe de Estado, desacreditado, convaleciente y preocupado profundamente por el futuro inmediato de la Corona, puede iniciar esta peligrosa aventura en una huida hacia delante que puede terminar fatal. Y fatal es que puedan repetirse los acontecimientos de la II República en Cataluña, y esto hay que evitarlo. La cuestión es ¿cómo?
Desde luego, si Cataluña consigue la independencia, esto será la balcanización de España. Detrás irán el País Vasco, Galicia, Andalucía, incluso. Todo lo malo se contagia tremendamente. Se ha puesto de moda una falacia evidente: «el derecho a decidir». Es claro que todos intentamos decidir a nuestro libre albedrío, si nos dejan. Pero esto no siempre es posible. Primero, porque existen normas que hay que respetar para que se permita la convivencia pacífica entre todos. En nuestro caso la Constitución. En segundo lugar, porque la legalidad vigente exige que lo que se pretenda modificar de esta índole se debe efectuar en el ámbito del Estado y no solo en Cataluña. Y en tercer lugar, porque hay cuestiones sobre las que no se decide, sencillamente, como sucede con los padres. Nadie puede, por ejemplo, decidir elegir a los padres, y no pasa nada. Además, el referéndum estatal habría de llevarse a cabo tras una campaña informativa amplia en la que se dejara claro todo cuanto recibe la amada Cataluña del resto de los españoles, así como lo que aporta esta querida tierra al resto de España. Como sucede con los demás territorios. Ni más ni menos. Existe solidaridad no robo.

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