La vista atrás ruboriza. El Banco de España alertó a Bancaja del riesgo de las inversiones inmobiliarias que el consejo de administración presidido por José Luis Olivas decidió emprender en diferentes parajes de la Riviera Maya. El órgano supervisor advirtió de «grandes incertidumbres sobre la viabilidad» de la operación, en la que llegaron a desembolsarse más de 200 millones de euros, y les obligó a incrementar sus dotaciones y a reconocer más deterioros. La mayoría de aquellos proyectos están hoy paralizados.
La caja valenciana participaba en 2008 en casi un centenar de promociones urbanísticas. En su frenética actividad inmobiliaria llegó a acumular 155 millones de m2 de suelo supuestamente edificable. Los mismos inspectores del Banco de España constataron en 2010 que Bancaja no iba a ser capaz de asumir la devolución de su deuda en 2012. Pese a ello, se autorizó que la nueva Bankia saliera a bolsa en julio de 2011. La lectura de las informaciones que les brinda durante los últimos días Levante-EMV pone los pelos de punta. Hoy escandalizan a cualquiera, pero entonces la mayoría consideraba un sacrilegio dudar del milagro económico valenciano.
De la probidad o no de los directivos de la caja ya hablarán los tribunales que ahora investigan los hechos. De la inhibición del Banco de España, nada se dice. Además de advertir del riesgo, podía y debía haber corregido el rumbo con acciones más resolutivas. No lo hizo. ¿Quién paga por ello? Los contribuyentes al tener que asumir el coste del rescate. Curioso y llamativo.
