El cambio legislativo que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende introducir para modificar el marco regulatorio de las cooperativas eléctricas ha puesto en pie de guerra a un sector que en la Comunitat Valenciana representa un ejemplo de cohesión social. Y no es para menos, puesto que la pretendida conversión en sociedades mercantiles aboca las cooperativas eléctricas valencianas a su cierre. En España existen diecinueve entidades de este tipo, de las cuales, el 85 % se encuentran en la Comunitat Valenciana, en donde cuentan con 43.289 socios en 15 municipios, 1.195 kilómetros de líneas de distribución, 416 centros de transformación y dos subestaciones con una potencia de 80 megavatios. Unas cifras que sacadas de contexto pueden parecer poco importantes, pero que en las localidades en que se encuentran suponen un auténtico músculo económico, que además de suministrar energía más barata, ejercen una labor social que va desde la concesión de becas a estudiantes hasta patrocinadores de eventos culturales y deportivos en los municipios en los que están implantadas. La Generalitat ha presentado alegaciones al proyecto de ley pidiendo que se reconozca el trabajo de unas entidades centenarias, pero desde la federación de las cooperativaas consideran que es necesaria una respuesta mucho más contundente y temen que el escaso peso demostrado por el Consell de Alberto Fabra en Madrid termine pasando factura a estas entidades. La pregunta que surge es: ¿Tan necesario es para el Gobierno acabar con una actividad que apenas representa un ínfimo porcentaje de generación de energía eléctrica y que además desarrolla una actividad de cohesión social esencial en un momento de crisis como el actual?
