El secretario general del PPCV y consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, sostuvo hace pocos dias que la televisión autonómica «ni debe, ni puede desaparecer». Es un juicio razonable porque RTVV, desde su fundación y pese a los desmanes cometidos -Canal 9 se convirtió por momentos en una masificada fuente de empleo- por los gobiernos de la Generalitat, nació con vocación de servicio y bajo los estandartes del apoyo a la lengua y a las tradiciones y de la información próxima al ciudadano. RTVV, sin embargo, vive sus horas más bajas tras los recortes de la Generalitat, que han supuesto mil despidos a través de un ERE que está a la espera de que los tribunales dicten sentencia. El Consell argumenta que la televisión autonómica era inviable y que el ERE era el único instrumento para permitir su supervivencia, dotándola de sostenibilidad. Para ello se creo una nueva marca, NOU, bajo otro regimen jurídico y desligada de Canal 9. Dentro de unas semanas se sabrá el alcance de la resolución judicial. El fiscal pidio la nulidad. En el caso de que la sentencia se asiente en su criterio, el revés para el Consell sería incalculable, dado que habría que admitir de nuevo a los despedidos, lo que volvería a hacer inviable el proyecto. Presidencia estudia todos los escenarios, incluido el del cierre. La «repesca» de casi doscientos técnicos por parte de la nueva directora general Rosa Vidal puede ser un argumento definitivo para que el tribunal decante su fallo. La pérdida de la televisión autonómica no es baladí: se une a muchas otras pérdidas desde que estalló la crisis, entre ellas la del sector financiero valenciano. Tal vez, el Consell baraje una nueva vía para no echar el cierre definitivo en el caso de que los tribunales se pronuncien en su contra.
