Puro instrumento político

06.11.2013 | 03:06

Editorial

La radio y la televisión pública de los valencianos cerrarán sus emisiones antes de que concluya el año. La decisión la tomó ayer el Consell tras analizar las consecuencias de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y, por tanto, obliga a readmitir al millar de trabajadores que fueron despedidos con criterios «ambiguos, subjetivos y genéricos», según subraya el fallo judicial. El gobierno autonómico alega que RTVV resulta insostenible con una plantilla de 1.700 trabajadores. Y no le falta razón. El Consell no puede hacer frente hoy a ese dispendio, pero tampoco eludir su responsabilidad en la concatenación de chapuzas, errores, despilfarros y clientelismos que han convertido el ente público en una herramienta social insolvente e inviable.

Por muy determinantes que sean hoy las razones económicas que condicionan el futuro de nuestra televisión autonómica, no podemos perder de vista que la decisión de dejar la pantalla en negro responde a criterios políticos, los mismos que inspiraron el nacimiento de un ente público llamado a asegurar el uso de nuestra lengua autóctona, el valenciano, en el más poderoso medio de comunicación del siglo XX. La salvaguarda de nuestro idioma y el impulso de una industria audiovisual propia que garantizara la proyección de nuestra cultura en un sector considerado estratégico quedan ahora en entredicho. El cierre de Nou „la nueva denominación que había adoptado Canal 9 con la intención de abrir una nueva etapa que pusiera fin a tantos lustros de frivolidades, manipulación y sectarismo„ acarrea graves consecuencias que tardarán años en subsanarse. Vamos a ser, además, la primera autonomía española que toma una decisión de esa naturaleza. La situación financiera de las televisiones de otras comunidades no es mucho mejor que la de RTVV y nadie se ha atrevido a dar ese paso. Los valencianos nos hemos equiparado a Grecia, cuyo gobierno se atrevió a liquidar su canal público y lo dejó sin emisiones hasta que el Tribunal Supremo le enmendó la plana, revés que tampoco cabe descartar por estos lares.

Sin un sistema financiero propio capaz de salir al rescate en momentos convulsos, con una sociedad desarticulada y vencida ante tantos recortes que sólo suspira por encontrar mecanismos de supervivencia que le permitan llegar a fin de mes, y con un gobierno debilitado cuya subsistencia depende del malhumor con el que el ministro de Hacienda acoja cada mañana sus iniciativas, no cabía esperar otra cosa. Muere RTVV y con ella otro pedazo de dignidad de los valencianos. Cualquier movimiento cohesionador que emprenda la sociedad civil para recuperar su autoestima queda pronto ridiculizado por la contundencia de los hechos.

Convertida en un instrumento político bochornoso, Canal 9 fenece víctima de la inconsistencia y la cicatería de la clase dirigente valenciana. El PP, que tanto la utilizó en beneficio propio, ha acabado convirtiéndose en verdugo de una tele que se había alejado tanto de sus criterios fundacionales que apenas era apreciada ya por la audiencia. Quienes más llorarán por ella serán sus trabajadores. Y no sería justo que fueran las únicas víctimas. La dimisión „qué menos„ de la directora general, Rosa Vidal, se antoja escaso sacrificio para tanto despropósito. Urgen las responsabilidades políticas.



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