Siete años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, el Consell acaba de introducir una cláusula en los presupuestos de la Generalitat para 2014 según la cual el dinero que el Gobierno de España y otros entes públicos o privados haga llegar al Ejecutivo autonómico para atender los pagos a las personas con derecho a ellos sólo podrá destinarse a ese fin. Cuentan las crónicas que la consellera Sánchez Zaplana se ha empleado a fondo para lograr que sus compañeros avalaran que el dinero destinado a la dependencia se utilice para eso, exactamente, sin trapicheos temporales que lo único que han hecho hasta ahora ha sido demorar los abonos y acumular una deuda que ronda los cien millones de euros en este capítulo. La cláusula sale a la luz tras el anuncio oficial, a propósito del cierre de Canal 9, de que Fabra solo prioriza sanidad, educación y servicios sociales. Lo demás pasa a secundario. Y ese es un compromiso que al presidente le costará mucho mantener.