Pública, rigurosa y en valenciano

07.11.2013 | 02:31

Amparo García Vilaplana

Hace unos meses, en un off the record al que asistí, un dirigente económico valenciano alertaba de la pérdida de influencia en España. Créanme, este señor está lejos de identificarse con cualquier tipo de nacionalismo, pero lamentaba cómo todos los sectores económicos, bancarios, empresariales y políticos se doblegaban ante Madrid. Advertía de que la crisis estaba sirviendo de excusa para intensificar un centralismo que iba a llevar al traste a las autonomías. Un centralismo que, en nuestro caso, obviaba la sensibilidad de los valencianos y que nos perjudicaba enormemente como sociedad.
Este martes, 5 de noviembre de 2013, Alberto Fabra puso la puntilla a este proceso. Sació los deseos de su líder nacional, Mariano Rajoy, y sirvió de avanzadilla para el cierre futuro de televisiones autonómicas. Su decisión política supone un mazazo para la sociedad valenciana. Una mordaza a nuestra libertad de expresión, un quiebro a la higiene democrática.
No son sólo miles de familias a las que dejarán sin trabajo, que también. No es sólo una profesión que desde que empezó la crisis parece tocada de muerte, que también. Va más allá.
Veta la oportunidad de dar voz y vertebrar nuestra lengua, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestra cultura, nuestras necesidades, nuestra sociedad. Y lo hace de una manera absolutamente impresentable, apelando a la demagogia, tratando de confundir a la ciudadanía y una vez más, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad política. Es intolerable que tras años de una gestión nefasta y una manía casi enfermiza por la manipulación de contenidos por parte de los diferentes gobiernos valencianos, ahora el jefe del Consell responsabilice sólo a una señora que no lleva ni un año en el cargo y a los trabajadores.
Los distintos inquilinos del Palau de Fuentehermosa han sido los principales responsables de lo que se había convertido Nou (antes Canal 9) y Ràdio Nou. Un ente audiovisual público y de calidad era posible. Pero se corrompió. Desde la Unió de Periodistes exigimos que se replantee la negociación, que se permita hacer una estructura viable y se apueste por la libertad informativa. En manos profesionales, sin injerencias políticas, es posible.
Pero con otras formas. No se entiende que Fabra hable de cerrar RTVV para poder mantener hospitales o colegios públicos, aunque aún no sabe exactamente cuánto dinero va a poder ahorrar. Resulta extraño que un Gobierno autonómico decida en sólo siete horas cerrar una televisión con 24 años de historia. La Administración valenciana ha hecho EREs en el Ivvsa, Palau de les Arts, Cacsa, FGV, Centro de Investigación Príncipe Felipe, Ciegsa o Vaersa antes que en Radiotelevisió Valenciana, pero sólo ha metido la pata en Vaersa y en la empresa pública del audiovisual valenciano. Un error que va a permitir a Fabra lucirse en Madrid, obviando el derecho de cinco millones de personas a recibir una información pública y rigurosa en valenciano.



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