El pasado miércoles asistimos al espectáculo admirable que nos ofrecieron los trabajadores y trabajadoras de RTVV, tras el anuncio de Alberto Fabra de cerrar de forma inminente y definitiva ese ente. La plantilla tomó literalmente la televisión. Ante un equipo de dirección dimitido y en un acto de desesperación y rebeldía, nos ofrecieron en directo la mejor televisión que probablemente hayamos presenciado en nuestra vida. Reporteros que tomaban las calles de toda la Comunitat micrófono en mano, invitando a la ciudadanía a expresar todo aquello que quisieran decir o denunciar.

Vimos a reporteras como Amparo Fernández situarse frente al metro de la estación de Jesús donde ocurrió el terrible accidente en Valencia, pidiendo disculpas a las víctimas y a los espectadores por no haber estado a la altura y no haber podido ofrecer la información pertinente, porque desde el despacho de la Generalitat venían las órdenes. Y lamentaba no haber contribuido a la investigación ofreciendo la información necesaria porque ese día había que dar prioridad al evento de la visita del Papa. Una conocida presentadora, en un acto de sinceridad, manifestaba que no había podido ejercer de forma profesional su trabajo por la censura constante en el lenguaje.

La dirección de RTVV presentó un ERE que dividió a la plantilla. Mientras unos y unas se iban a la calle, quienes se quedaban miraban para otro lado. Estos corrosivos efectos dan beneficios a quienes lo promueven, permitiéndoles seguir adelante con sus planes. Pese al recorte, RTVV seguía generando una deuda financiera que hoy asciende a 1.200 millones de euros, pues los gastos de plantilla no han sido la causa, sino la nefasta gestión de sus responsables. Decisiones y derroches en contrataciones deportivas imposibles y el notorio desvío de dinero público a tramas corruptas y otros.

Ese día tuvimos un cruce de sentimientos encontrados. Por una parte, la comunicación del cierre por parte del presidente de la Generalitat que, con su despotismo habitual, intentó convencer de que, o mantenía hospitales y colegios, o cerraba RTVV por ser inviable la readmisión de 952 trabajadores. Por otra, escuchar tal chantaje era inadmisible en una persona que ha abandonado de forma miserable al sector más vulnerable de la población, los dependientes, dejando a su paso puestos de trabajo perdidos, vidas que no sabemos cómo ni cuándo podrán recuperarse.

Para CGT-PV el cierre del servicio público RTVV es un desprecio al pueblo valenciano, a su cultura, su lengua, su idiosincrasia. Pero también simboliza el fracaso de un gobierno en una penosa gestión, que no solo ha llevado a la ruina este ente, sino que ha ignorado lo que significa la democracia, haciendo un uso indebido de propaganda política a los intereses de su partido. ¿Se puede hacer peor? Hoy podemos lamentarnos o llorar, ¡pero mejor lo haremos en diferido! Ahora exigimos responsabilidades y justicia, porque hay culpables con nombres y apellidos y éstos deben devolver lo que han saqueado, pagar por ello y pedir disculpas al pueblo valenciano.