Hacia la contrarreforma

Luis Poveda

13.11.2013 | 05:30

El Consejo de Ministros del pasado 26 de julio aprobó el «Anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local», después de un año y medio con propuestas contradictorias y con ocurrencias de última hora.
Tal documento, ya en trámite parlamentario, pretende, desde el Gobierno central, modificar radicalmente otro ámbito competencial diferente, el local, sin contar con éste ni con la Administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los ayuntamientos democráticos desde 1979 y que ha supuesto un avance en el desarrollo municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado hacia un modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno del PP.
La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una demolición, consiguiendo por ello que todos los grupos políticos con representación en el Parlamento español, a excepción del PP, así como la Federación Española de Entidades Locales Menores se hayan mostrado en contra del mencionado proyecto de ley. Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los ayuntamientos: el de la Administración más cercana. Desde este principio, se configuraron los ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades „pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio„, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente relevantes como educación, salud o servicios sociales, que supondrá la perdida de alrededor de 25.000 empleos en el País Valencià.
Hablan de duplicidad cuando quieren decir desmantelamiento de servicios y privatización de los mismos. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la Administración local.
La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre el régimen local y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La reforma huele a vuelta al caciquismo y al elitismo en la representación política, y desvía la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2 % del total.
Por ello desde EUPV, consideramos necesario la retirada inmediata del texto del proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local y la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Federación Española y Valenciana de Municipios al objeto de analizar y reflexionar sobre la necesidad de alcanzar un texto consensuado donde se aborde la defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.la reforma de la Administración local.



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