La situación judicial creada con la declaración del expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la rama valenciana del caso Nóos ha cobrado tintes surrealistas que en nada benefician a la imagen de la Justicia. El juez José Castro „desplazado a Valencia el fin de semana para tomar declaración a varios cargos públicos municipales y autonómicos sobre la organización de las tres ediciones del Summit en Valencia y los fallidos juegos Europeos y su relación con la fundación del yerno del rey, Iñaki Urdangarin„ no ha conseguido contactar durante los tres días con Camps para tomarle declaración por escrito, a pesar de que éste ha pasado las últimas 48 horas, salvo salidas ocasionales, en su domicilio. Por otra parte, llama también la atención de que a pesar del revuelo mediático desatado „periódicos, radios, televisiones, redes sociales„, el expresidente del Consell o su abogado hayan sido incapaces de contactar con el juez, que ha estado permanentemente en la Ciudad de la Justicia de Valencia, para ponerse a su disposición. La imagen que ha trascendido a la opinión pública no parece la más adecuada para un poder como el judicial, que está obligado a demostrar la máxima de que todos somos iguales ante la ley. Sobre todo porque estos hechos se producen después de que un exconseller, Gerardo Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se saltaran la orden del juez decano de Valencia, Pedro Viguer, de no recibir un trato preferencial a la hora de acceder a la Ciudad de la Justicia a prestar declaración. Ambos, a pesar de las advertencias del decanato a la delegación del Gobierno, a la Guardia Civil y a los funcionarios de los juzgados, entraron por la «puerta de atrás» para evitar a la gente que se congregaba en la puerta principal. ¿Se pedirán responsabilidades?
