La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha conseguido a lo largo del tiempo un centenar de condenas de políticos corruptos, que han redundado en el ingreso en prisión de una docena de delincuentes. Esta cifra se doblará con toda probabilidad en breve. Cuesta por tanto explicar que arruine su reputación con una defensa numantina de Cristina de Borbón, protagonista principalísima „véase más adelante la justificación del superlativo„ del escándalo que porta su nombre y que ha puesto en vilo a la Jefatura del Estado. Simplificando, la hija del rey, figura clave de la prensa del corazón y residente en Ginebra a costa del contribuyente ingresó personalísimamente „véase el inciso anterior„ medio millón de euros públicos a cambio de servicios que su sociedad ni prestó ni podía prestar.
En una inversión de su papel natural, la fiscalía vela por el Prestige de la infanta, la mima con maneras cortesanas y afectadas para impedir su hundimiento. El resultado recuerda la sentencia gallega y también mancha. Una hija del rey no tiene por qué dar explicaciones. Según el ministerio público, la infanta sólo cobraba, lo cual no siempre es un rasgo de inocencia. Y qué extraño resulta que Cristina de Borbón se desenganchara de su papel preponderante en Nóos cuando se destapó el escándalo de los foros para Balears y la Comunitat Valenciana, un apartado sobre el que la fiscalía ofrece una versión ilógica y engañosa.
El fiscal inmuniza a la infanta a partir de las declaraciones de Urdangarin y García Revenga, ansiosos por conservar su vergonzoso momio en La Zarzuela. El escrito de la fiscalía insiste por dos veces en que todo se debe a «las actividades personalísimas de Urdangarin», de repente el acusador se torna palaciego. Pues bien, Urdangarin y Diego Torres no vendían «humo», como afirma Pedro Horrach. Vendían el nombre de Cristina de Borbón, sin el cual no hubieran referido ni un euro de instituciones públicas o privadas, como han reconocido los donantes. Anota el fiscal que «la memoria es frágil». Le conviene.
