Hay personas de orden que se asombran de que cuanto más se consolida la democracia en trienios, más se convierten en delitos conductas que antes se practicaban libremente. El poder sabe lo que hace cuando estrangula por la economía y aprieta por el Código Penal, en enésima reforma. Hay nuevos «modelos delincuenciales», dicen para referirse a lo que antes eran delitos. No ha trascendido si se ha incluido algún texto que permita que los modelos de superpetroleros monocasco pasen a ser modelos delincuenciales por su alto riesgo de producir mareas negras e impunes.

Los delitos que más nos afectan ya no se producen en la calzada y en las aceras, sino dentro de oficinas, en despachos de primeras plantas, cerca de las terrazas de los rascacielos, en apuntes virtuales a montañas nevadas o islas exóticas donde de un solo tirón desaparecen los bolsos de millones de pensionistas que salen al mercado pero el ministro del Interior ha declarado la guerra a las capuchas, a los verdugos de lana, con el frío que hace, y nadie podrá llevarlos a las manifestaciones.

Hay que exigir, por nuestra seguridad, que las cámaras estén en el cajero automático donde duerme el mendigo y en el despacho del CEO (director ejecutivo, ejecutivo delegado, jefe ejecutivo, presidente ejecutivo, principal oficial ejecutivo, consejero delegado, primer ejecutivo o como quieran llamarlo), donde se han repartido los mayores botines de la década.

Pero al ministro, lo que le tiene insomne es el escrache, que incluye multas altísimas que podrán reclamar los etarras a las víctimas del terrorismo que van a acosarlos a la salida de las prisiones, como se ve estos días. A saber a qué se expondrá a los yayofachas de Rouco Varela y a los perrofachas que desde el comienzo de la democracia abuchean a casi todas las autoridades democráticas en los desfiles del Ejército y de la Policía.