El Gobierno español, que tan poco condescendiente se mostró con el colectivo fallero que le imploraba una rebaja en la aplicación del IVA, acaba de desestabilizar otra de las grandes columnas que soportan el vigor festivo de los valencianos: la pirotecnia. Los empresarios que preparan los fuegos artificiales valencianos „de prestigio universal„ no salen de su asombro desde que recibieron la circular del director de Industria del ministerio, Javier Cervera, que les insta a obtener la autorización administrativa necesaria para fabricar el material que utilizan en sus espectáculos. Ese permiso pasa inexorablemente por adecuar antes de un año sus talleres al nuevo reglamento, que exige controles de seguridad mucho más complejos e inflexibles.
Los afectados se debaten entre la incredulidad y la desesperanza porque les han cambiado las reglas del juego en mitad del partido: la legislación les otorgaba un plazo de diez años para adaptarse a los nuevos requisitos y ahora Industria pretende que pasen rápidamente por el aro. Si el ministerio no ablanda su posición, los pirotécnicos valencianos se verán forzados a comprar toda la cartuchería y demás productos a empresas foráneas que exhiban el certificado CE. El reto, alertan nuestros coheters, resulta inalcanzable en un momento en que sus ingresos se han reducido a la mitad por la crisis y cuando ayuntamientos y festeros imponen severas reducciones de costes para firmar los contratos. El Gobierno ha encendido la mecha cuando ya no nos queda ni pólvora.
