La carrera política de Carlos Fabra se cerró ayer con una condena de cuatro años de cárcel por diversos delitos fiscales. Se ha librado de una sentencia por corrupción, pero ha quedado retratado como evasor fiscal. Ayer tramitó la baja en el Partido Popular, del que fue un referente insoslayable. Punto final. El todopoderoso expresidente de la Diputación de Castelló recurrirá ahora el fallo de la Audiencia en un intento de rebajar la cuantía de una pena que le obligaría a entrar en prisión. Del todo a la nada. Se marcha como emblema de una etapa de excesos y cesarismo que hasta su propio partido desea enterrar. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, reforzaron ayer la estrategia de desmarque al subrayar que Fabra no desempeña desde hace años ninguna responsabilidad política. El capítulo está, pues, cerrado.
La condena sobreviene por cuatro delitos continuados contra la Hacienda Pública, a la que deberá indemnizar con 693.074 euros. La larga peripecia judicial concluye con la absolución por cohecho y tráfico de influencias, acusaciones que quedaron desactivadas por el enredo de la instrucción y la marcha atrás del denunciante, el empresario Vicente Vilar. Extraña en cualquier caso que Carlos Fabra se mostrara ayer tan satisfecho por haberse salvado de la causa por corrupción, como si los delitos fiscales no fueran igual de bochornosos y despreciables en un servidor público. Irá a la cárcel, si los recursos no lo remedian. Y con él, toda una época.
