Una mala reforma

30.11.2013 | 01:52

José-Bernardo Llobregat

Observo con preocupación la revolucionaria reforma de las demarcaciones judiciales que está preparando el Gobierno, en la que se pretende que desaparezcan los partidos judiciales para centralizar todos los órganos en las capitales de provincia. Y el temor aumenta cuando leo que hay práctica unanimidad en las asociaciones de los jueces a favor de esa reforma.
El presidente del Gobierno justifica siempre su acción en que lo hace en interés general. Pues bien, en esta cuestión, y con datos objetivos en la mano, el interés general va en dirección contraria al que apunta la reforma. En el año 2012, la Comunitat Valenciana tenía 5.129.000 habitantes. La ciudad de Alicante tiene 334.000 habitantes y en la provincia hay 1.944.000 ciudadanos. La ciudad de Castellón tiene 172.000 habitantes y la provincia 604.564. La ciudad de Valencia tiene 798.000 habitantes, en tanto que en la provincia habitan 2.581.000 personas. Estas cifras demuestran que solo uno de cada cuatro valencianos reside en capital de provincia. Una de los ideales en política es buscar el equibrio territorial y la cohesión social. La reforma que se vislumbra desde el Gobierno va a potenciar aún más las capitales provinciales en detrimento de las otras ciudades cuando lo que había de hacerse es precisamente lo contrario.
Cuando Josep Pla vio las luces encendidas de los rascacielos de Nueva York preguntó: «I aixó qui ho paga?». Aquí va a ocurrir lo mismo. ¿Quién va a asumir los costes de los desplazamientos de los ciudadanos (partes, testigos, peritos, profesionales, etcétera) a la capital? ¿La Administración con las malditas tasas? La respuesta es obvia: no. Esos gastos los asumirá quien tenga la osadía de acudir al juzgado en busca de la tutela judicial (mandato que poco a poco ya se encargarán de vaciar de contenido). ¿Y el enorme coste de pérdida de tiempo que esto va a suponer?
Una sociedad avanzada tiende a la descentralización de servicios y a potenciar las infraestructuras que ya tiene, batalla que los ciudadanos hemos ido ganando poco a poco. Argumentos como que los partidos judiciales son decimonónicos, que tenían sentido cuando las distancias se cubrían a pie o a caballo pero no ahora que estamos en la era de las comunicaciones, no se sostienen. Que se le pregunte a un ciudadano de la comarca dels Ports lo cerca que está de Castelló o a los ciudadanos de La Safor o La Marina la proximidad a las respectivas capitales. Ahora bien, si una hora y media carece de importancia, casi podríamos prescindir también de la jurisdicción provincial y nos vamos directamente a Madrid „1 hora y 35 minutos en AVE„ donde tendríamos las cuatro instancias (incluido el recurso de amparo). Y eso sí que es el centro del centro. Ya no cabe más.
También se dice que no hay problema en ir a la capital provincial porque las personas litigan muy pocas veces en su vida. No es cierto. Estoy pensando en el derecho de familia, donde aparte del procedimiento principal suele haber posteriores demandas de modificación de medidas, liquidación de bienes, gastos extraordinarios, etcétera. Y lo mismo ocurre si hablamos de la jurisdicción penal donde los desplazamientos serían varios: ratificaciones, declaraciones, juicio... ¿Y al que litigue con justicia gratuita? ¿Le harán un vale para gasolina o para que se desplace gratis a la capital? La respuesta es fácil de adivinar.
No es posible que el interés general sea perjudicar a la mayoría para beneficiar a unos pocos. Desde aquí emplazo a los fuerzas vivas de todos los municipios afectados (que son todos los de la Comunitat) para que se posicionen y se opongan de plano a esos vientos centralizadores. Sería una buena ocasión para que la sociedad civil muestre músculo.



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