Los amos del cotarro

01.12.2013 | 01:43

Xavier Ribera

Hace años, Pedro Arrupe, cuando era General de los jesuitas, a raíz de una crisis de obediencia interna, afirmó en Roma que «una crisis que ha nacido de elementos nuevos debe ser resuelta con formas no anticuadas, sino nuevas», porque el superior de nuestros días, según Arrupe, de ningún modo puede vivir en su posición eminente, apartado de sus súbditos, cubriendo así, tal vez, sus propias limitaciones y deficiencias. Por el contrario debe hallarse entre sus súbditos, «en conversación continua y amistosa, como hermano entre hermanos».
Es reciente la publicación del libro escrito por el periodista Carlos Elordi, en cuyo título se pregunta: «¿Quiénes mandan de verdad en España?». Ésta es la respuesta que puede dar luz en una coyuntura en la que mandan más quienes defienden los intereses de los banqueros, las multinacionales, el emergente Consejo español de la Competitividad, el Instituto de la Empresa Familiar, el Círculo de Empresarios, los partidos políticos „tan desacreditados„, las patronales al uso, los rescoldos de los sindicatos que esta crisis o la presión de la jerarquía católica que no ceja en su empeño de figurar en la esfera política de la mano de monseñor Rouco Varela. Todo ello aderezado con los envites de las autonomías y nacionalidades que influyen y dejan su impronta, singularmente País Vasco y Cataluña.
Falta saber en este contexto de grupos de interés y de presión qué papel juegan la democracia, los ciudadanos y lo que se entiende como sociedad civil. Los valencianos en este mosaico de influencias tenemos un porvenir incierto. Sabemos que hemos de salir del marasmo en el que nos encontramos, salpicados de corrupción y descrédito. La solución no pasa por acaparar poder en manos de determinados centros de decisión empresarial, hasta ahora capitidisminuidos. Se encuentra en la eficacia de un liderazgo plural, potente y con autoridad moral. Si nos empeñamos en perpetuar los esquemas periclitados, que nos han llevado al desastre; si seguimos obcecados en dilucidar si son galgos o podencos quienes han de llevarse el botín de esta crisis, volveremos a perder la oportunidad de renacer de las cenizas.
Los valencianos contemplamos atónitos el espectáculo bochornoso de un expresidente de la Diputación y secretario general „confirmado„ de la Cámara de Comercio de Castelló, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por delito fiscal, a lo largo de un proceso judicial lamentable que se ha dilatado durante diez años. Una alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que entra a declarar en la Audiencia, por la puerta de atrás, contraviniendo la orden del juez y un expresident de la Generalitat, Francisco Camps, que monta un número insólito para eludir la obligación de prestar declaración
„aunque fuera por escrito„ ante la judicatura, a pesar de sus inmerecidos privilegios.
Nos faltaba la petición de indulto para el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, para que no cumpla la condena de cárcel impuesta en sentencia firme. Nada menos que 45 diputados de los 54 que constituyen el Grupo Popular en las Corts Valencianes, han tenido el descaro de solicitar que se exima al encausado de cumplir el veredicto de los tribunales. ¿Por qué a él sí y a los demás no? ¿ Va a convertirse en norma, de ahora en adelante, para, además de colocar a los correligionarios, a sus familiares y allegados íntimos, se exonere a los reos de delito? ¿Será el comportamiento personal y colectivo de estos personajes electos es el que va a distinguir y prestigiar a la Comunitat Valenciana?
Somos el hazmerreír del mundo, con una radiotelevisión pública que cierra por la gestión desleal y negligente de caudales públicos, con la presumible intención de dinamitar un instrumento esencial para cohesionar informativa y culturalmente el territorio autonómico valenciano, en cuyo objetivo no han creído nunca los partidos mayoritarios que hasta ahora han ejercido el poder en la Comunitat Valenciana.
El proceso de deterioro de RTVV no se inicia en fechas recientes. Durante décadas se incumplió el principio de imparcialidad informativa, al tiempo que resultaba perjudicada la calidad en la programación a través de las directrices políticas, por las que se regía un medio audiovisual llamado a reafirmar las señas de identidad del pueblo valenciano. La pérdida de interés en los contenidos y en las emisiones ha provocado la caída creciente de audiencia y la precipitación en el abismo de la inviabilidad económica.
Este desastre tiene responsables identificados, con nombres y apellidos, al igual que en la hecatombe de las entidades financieras valencianas. Si unos pueden ser procesados y resultar culpables, con mucha más razón lo han de ser quienes, además de dilapidar el dinero de todos, cometen la mayor de las fechorías, contra los derechos y libertades de una sociedad que, probablemente, no los podrá recuperar jamás. Delito económico y responsabilidad política.



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