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La corrupción homogénea del PP

01.12.2013 | 01:43

Matías Vallés

En el enésimo alarde de centralismo, el PP estatal admitía a regañadientes los brotes de corrupción de sus gobernantes en provincias, pero manteniendo incólume la sede central. Esta inferioridad moral y penal debía acomplejar por fuerza a los populares de las comunidades valenciana, gallega, madrileña o balear, cuando sus dirigentes eran encausados por manejos difícilmente tolerables. Las tormentas locales no debían menoscabar la imagen bruñida de Aznar ni de Rajoy, salvo que el juez Ruz ha arruinado esta ficción. El magistrado de la Audiencia Nacional ha demostrado la ejemplar coherencia entre los turbios manejos de las delegaciones regionales del partido y las conductas de ocultación fiscal imperantes en Génova.
Los castigados barones del PP habrán recibido con alivio la confirmación judicial de que la sede central también funcionaba en negro y a espaldas de Hacienda, gracias a donaciones anónimas con varios apellidos. Pablo Crespo había predicado el mismo mensaje, pero la condición de imputado de Gürtel mermaba su crédito al difundir que las dos terceras partes del dinero que circula por las venas populares carece de reflejo oficial. Gracias a la eficiente gestión en Génova de Luis Bárcenas, a quien Rajoy nombra tesorero por motivos obvios, se homogeneiza el comportamiento del partido. Así en Madrid como en numerosas provincias, la mayoría de dirigentes conservadores eran honrados, y cobraban sobresueldos de una minoría de corruptos.
La historia agradecerá al juez Ruz que no haya precisado de dilatados textos ni de prosopopeya para nuclear el comportamiento impropio del PP. Le basta un párrafo del auto para «confirmar la posibilidad respecto de la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas». Los pagos al arquitecto que reformó la sede de Génova «no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B llevada en el seno de la citada formación». Hasta que aparece la expresión maldita, por los «pagos que en definitiva se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada Caja B del partido». Es todo, más adelante Cospedal enredará con los gastos de la construcción, cuando el juez habla de los pagos al arquitecto.
La instrucción de la Audiencia Nacional ha demostrado que Rajoy no bromeaba al colocar a Jaume Matas o Francisco Camps como modelos ebúrneos de su futuro Gobierno. La porosidad con los métodos seguidos en provincias se incorporó a Génova sin fisuras, empezando por la reforma de las sedes respectivas mediante procedimientos borrascosos. La armonía corrupta obliga a calibrar si Génova aguijoneaba a sus afluentes para que implantaran los métodos que han consagrado a Bárcenas y sus sobrecogedores. Por supuesto, ninguna instancia de control tributario detectó la sistemática corrupción, así en la sede central como en las sucursales del partido. No se trata de censurarlas, sino de suprimirlas una vez comprobada su esterilidad. El país no puede permitirse organismos peor valorados que sus políticos.
A partir de los esotéricos comentarios de González Pons al auto inculpatorio de Ruz, por lo visto no importa el grado de corrupción que acumule un partido, siempre que saque al país de la crisis. Este singular razonamiento arranca de la presunción de que el PP ha resuelto el colapso económico, una cuestión no pacífica. Tiene además una peligrosa proyección, según la cual una formación corrompida estaría más capacitada para sortear los escollos financieros. Sólo un partido corrupto evita la catástrofe, por lo menos a quienes atiendan sus podridas consignas. El CIS alentó este clima, al elaborar una encuesta en que preguntaba a los ciudadanos si preferirían políticos eficaces aunque tuvieran que disculparles la corrupción. Si la bonanza económica exime de responsabilidad, no se entiende por qué dimiten los ministros o presidentes de países como Alemania ante la mínima sospecha de corrupción. ¿No será que la extirpación radical de los comportamientos indeseables favorece la prosperidad, y que la corrupción implica el empobrecimiento de una sociedad?



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