La Unión Europea estableció en 2008 una Directiva para la mejora de la seguridad vial en virtud de la cual se creaba un nuevo perfil profesional, los auditores de seguridad vial. El Ministerio de Fomento incorporó en 2011 al ordenamiento jurídico español lo dispuesto en la Directiva, en la que se regula también el procedimiento de acreditación y los requisitos que se exigirán a estos auditores.
Los especialistas en ingeniería de carreteras esperaban que el ministerio fijara el programa formativo mínimo y convocara las pruebas de acceso para la obtención de la certificación como auditor de seguridad vial. Contrariamente, el ministerio aprobó en 2012 un programa de formación arrogándose en exclusiva la impartición del curso correspondiente, como paso previo necesario para poder presentarse a las pruebas de aptitud, privándose la posibilidad de acceder directamente a dichas pruebas.
En España hay muchos técnicos de carreteras que ya disponen de una adecuada preparación en seguridad vial. De hecho, en los últimos años se han desarrollado diversas acciones formativas específicas, tanto desde algunas universidades como desde la Asociación Española de la Carretera. En este último caso, más de 300 técnicos han superado cursos de formación de auditores de seguridad vial.
Obviando este activo humano, el ministerio ha desarrollado en exclusiva el primer curso de formación de auditores de seguridad vial para 40 admitidos, a través del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Púbicas (Cedex), que es un organismo adscrito, y acaba de convocar el segundo curso en las mismas condiciones. Las tasas de matrícula aplicadas (400 €/crédito en el módulo básico de 30 horas lectivas) son muy superiores a las universitarias equivalentes, que son las de máster oficial. Esto no sólo supone una usurpación de la libertad de formación, sino un abuso de posición, superando los precios públicos razonables. No es admisible una exclusividad pública a un precio que supera el de los ámbitos formativos privados. ¿Cuántos programas formativos privados tienen un ingreso de 1.600 euros por cada hora lectiva?
Por ello, habría que exigir a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que establezca públicamente unos requisitos formativos y unas competencias, para después convocar periódicamente las pertinentes pruebas de aptitud. Así, cada profesional interesado valoraría libremente cómo lograr la capacitación requerida; en muchos casos la preparación actual sería suficiente.
Se ha elegido un camino que no parece tener otra justificación que asegurar el control de los nuevos auditores de seguridad vial en el ejercicio de sus funciones. Nos queda la esperanza de saber que estas condiciones afectan exclusivamente a la red de carreteras del Estado. Confiemos en que el resto de administraciones con competencias viarias no asuman este modelo.
