¿Permite la Constitución de 1978 el Estado federal? La respuesta es sí, aunque se denomine Estado autonómico. ¿Cómo se puede llamar, si no, un Estado en el que existen diecisiete gobiernos autonómicos y diecisiete parlamentos, más un Gobierno central, vigente el texto constitucional?

En realidad, estamos en un Estado federal de hecho. Lo que sucede es que algunos, lo que no aceptan es el actual Estado español, conscientemente o tal vez por ignorancia, no estoy seguro. Pero lo que resulta absurdo, y hasta temerario, es plantearse en esta coyuntura de crisis casi total, la transformación formal del Estado de las autonomías en Estado federal, con el esfuerzo tremendo y el riesgo de desestabilización que esto supone para solo conseguir, en definitiva, un nombre diferente, que no un contenido distinto.

La única cuestión que valdría la pena tratar, en su caso, sería la sustitución de la monarquía por una república. Pero también deviene estrafalario plantearlo con demasiada vehemencia en estos momentos, como si de ello dependiera la solución de los problemas del país. Los problemas que nos aquejan son mucho más profundos que la cuestión de la monarquía o la república, evidentemente, con ser esto importante. Sobre todo porque la monarquía es normal que en España desaparezca como máximo a medio plazo, de forma pacífica y democrática. Por su propia naturaleza. Por evolución lógica y natural de los tiempos que corren en pleno siglo XXI.

Como resulta igualmente erróneo plantearse la reforma de la Constitución con base en que no se cumplen los derechos que contempla. Entre otras razones, porque nadie explica qué harían para que en la nuevamente proyectada se cumplieran. Hay que decirlo, porque de lo contrario no se entiende nada. O qué otros derechos u obligaciones introducirían en el texto que no se encuentren ya citados en el actual. También hay que decirlo expresamente para que nos aclaremos. Partiendo de una evidencia: para los secesionistas, ni tiene sentido ya el Estado autonómico ni el federal, digámoslo claro de una vez y dejemos de jugar al ratón y al gato.

Como decía recientemente en Valencia Iñaki Gabilondo, un relato sistemático de todos los derechos que contiene la Constitución española de 1978, parece una declaración subversiva, incluso en boca de una persona tan moderada como el expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala. Esto es así puesto que todos los derechos humanos están contenidos en su texto. Otra cosa es que tales derechos se apliquen en la realidad de la política española, y muy especialmente en estos últimos seis años de crisis, con un Gobierno, primero del PSOE, y ahora del PP, a la deriva casi absoluta y aplicando políticas radicales neoliberales contrarias a los intereses más sensibles de las clases menos favorecidas, siguiendo con rigor la teoría y la práctica de este nuevo neoliberalismo plutocrático.

El problema reside no en el texto constitucional, sino en la inaplicación de los derechos fundamentales del mismo por quienes han gobernado y gobiernan. Laboremos por otras alternativas políticas respetuosas con la legalidad constitucional. Lo demás se conseguirá por añadidura.