La política de copago del PP a los discapacitados es desigual por naturaleza al aplicar la cuenta de la vieja a familias que son, paradójicamente, las que más aportan al conjunto. Porque deben saber que las arcas valencianas ahorran de media anualmente unos 30.000 euros por persona discapacitada, si se cuantifica el coste de oportunidad de la familia, es decir, el dinero que se deja de ganar por tener que atender de manera exclusiva al discapacitado a su cargo. Si pasamos por alto este hipotético agravio, el coste real estimado por familia y año es de 19.000 euros, según un informe de Feaps de 2008. Piensen en lo que cuesta pagar total o parcialmente terapias, tecnología de apoyo cognitivo o motórico, formación, medicamentos, pañales, estimulación, refuerzos, rehabilitación, vehículos adaptados, etc. El copago se vende como un modelo de colaboración universal «público-privada» en el que las familias sean conscientes del gasto que ocasionan. Los ingresos de la medida no solucionarán la ruina económica de la Comunitat Valenciana, pero se condena a la pobreza crónica a 2.862 ciudadanos con discapacidad que ya copagan en la farmacia y lo harán en los hospitales.
