El decreto de la Conselleria de Bienestar Social, publicado en plenas vacaciones de agosto, que establecía el copago de los servicios que se prestan a dependientes y discapacitados en residencias, centros de día o talleres ocupacionales no sólo ha llenado de desolación a los afectados, a sus familias y a los trabajadores del sector, sino que la indignación ha ido extendiéndose hasta alcanzar a la misma militancia del PP, muchos de cuyos afiliados y no pocos dirigentes „sobre todo de la esfera local„ no son capaces de entender cómo el Consell ha llevado tan lejos la política de recortes para perjudicar a un colectivo tan sensible que no duda en salir a la calle en silla de ruedas para exhibir repetidamente su ira ante el Palau de la Generalitat.
Numerosos alcaldes y concejales del PP, convertidos en el pelotón que combate todos los días en primera línea de fuego el malestar ciudadano, reprochan a la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, que haya promovido un copago que sólo aporta 15 millones de euros al Consell „una fruslería ante los 17.000 millones del presupuesto autonómico„ que contrasta con el elevado coste electoral y económico que provoca la medida entre los votantes y las familias de los afectados.
La dirección del PP convocó ayer a los alcaldes para frenar la rebelión de las bases. Alberto Fabra también acudió para templar ánimos. No se les reclama piedad o beneficencia, sino justicia. La crisis no pueden pagarla los discapacitados. Hasta el propio PP se da ahora cuenta.
