Ricardo Pérez Rausell quería extorsionar a la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana, el presidente de las Corts, Juan Cotino, exigiendo el pago de tres millones de euros a cambio de no hacer público un vídeo de carácter privado. Detenido en agosto de 2013, confesó ante una juez de Paterna, quien sin tomar declaración al veterano político del Partido Popular ni celebrar juicio, condenó el delito con cuatro meses de cárcel y a renglón seguido suspendió el cumplimiento de la pena durante dos años a cambio de que el delincuente no reincida en ese plazo. Así las cosas, la justicia ha hecho que el mentado Pérez Rausell se haya salido de rositas y la víctima del delito, Juan Cotino, se lleve la condena, en forma de runrún social sobre lo que contendrá el vídeo (que aseguran que él no conoce) y de suposiciones más o menos públicas sobre la vida privada, que nadie planteó nunca de ningún otro miembro de las Cortes Valencianas porque, por fortuna, esto no es una sociedad anglosajona.