l lenguaje es uno de los más apasionantes instrumentos de control que existe. La técnica del empleo de la palabra para persuadir, especialmente en el ámbito de la política, siempre ha sido objeto de análisis por los estudiosos de la materia, y quizás en ese punto, radica el interés que tiene el ministro Gallardón por dulcificar conceptos jurídicos ampliamente aceptado, como es la sustitución del término imputado por el de encausado. Parece que la clase política lo ha desgastado y es mejor un concepto que tenga menos connotaciones.

Sin embargo, el despliegue de ingenio legislativo del ministro de Justicia, y por ende del Gobierno de Rajoy, no sólo se detiene en ese estadio de lo puramente anecdótico, sino que ahora se pretende dar cobertura legal a la posibilidad de que el juez, como medida cautelar y en período de instrucción, pueda apartar del cargo público a los políticos imputados, algo que resulta poco creíble y que tiene mucho de populista. Con esta idea, se consigue trasladar a los juzgados el grave problema de corrupción que afecta a las instituciones del Estado, habiendo pasado en unos años de los códigos éticos que parecían ilustrar la acción política, a dejar en manos de terceros la obligación in vigilando de sus estructuras de poder.

Esta ocurrencia, como tantas otras de Gallardón, tiene escaso encaje constitucional y difícilmente podrá articularse en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ahora pasará a denominarse Código Procesal Penal. La exigencia de responsabilidad a los cargos públicos que resulten imputados debe nacer de su propia conducta y coherencia ética con sus electores, algo que en estos momentos soy consciente de que es complicado esperar de ellos, pero cuando la misma no se produce, deben ser las formaciones políticas quienes tomen la iniciativa, expulsando a esas personas. No cabe trasladar a la justicia la incapacidad de sus estructuras internas para controlar a sus cargos, puesto que estamos en fase de instrucción, donde sólo se puede hablar de responsabilidad política.

Además, visto lo que está ocurriendo en la Comunitat Valenciana, donde hemos tenido y seguimos teniendo imputados en nuestra cámara autonómica, sin que se haya tomado ninguna medida contra nadie, o como ha sucedido esta semana pasada, en la que los representantes del PP de Alicante defienden que imputados entren en campaña y puedan ir en las listas, uno podría incluso tomarse a broma las promesas legislativas del ministro, aunque la corrupción es el segundo problema más importante para los españoles, después de la crisis económica, y por esa razón, deberíamos exigirles un poco de coherencia y seriedad con lo que pretenden hacernos creer.