Ayer hubo más de 80.000 españoles censados y mayores de edad que no pudieron votar, puesto que en su momento, y en muchas ocasiones de forma injusta, cuando la familia decidió solicitar su incapacitación para una mejor protección legal de su persona y bienes, se determinó judicialmente suprimirle su derecho al voto. No podemos negar que los juzgados, fiscales y abogados valencianos que asisten en este tipo de procedimientos, especialmente en los últimos años, están tomando conciencia de esa situación, primando en sus decisiones el derecho reconocido en el artículo 29 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, donde se señala que los Estados deben asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones que los demás, incluido el derecho y la posibilidad de votar y ser elegidos. Sin embargo, es una cuestión que llega tarde para muchas personas en nuestro país, que deberán iniciar un proceso de revisión para alcanzar ese derecho. Además, debemos subrayar que todavía hay 15 países de la UE donde la declaración de incapacidad de un ciudadano con síndrome de Down, discapacidad intelectual o enfermedad mental lleva aparejada de forma automática la pérdida de su derecho al voto.
Pero la discapacidad no solo tiene este problema a la hora de votar, ya que dentro de la Unión se mantienen barreras que impiden o dificultan ese ejercicio básico de ciudadanía, como puede ser con la inexistencia de rampas de acceso en colegios electorales, el no tener establecido un proceso de voto accesible o la falta de anuncios electorales subtitulados, entre otras muchas cuestiones, lo que provoca que más de 80 millones de europeos no disfruten en igualdad de esa Europa social y de los ciudadanos. En una campaña electoral especialmente insulsa, donde muchos nos hemos planteado la conveniencia o no de acudir a las urnas, cuando defendemos el derecho al voto de las personas con discapacidad, de lo que verdaderamente se está hablando es de un derecho fundamental y su ejercicio. Por esa razón, es de agradecer la labor que se ha realizado a través de la campaña Mi voto cuenta, con la participación de muchos partidos políticos, que con entusiasmo han querido ayudar para avanzar en el difícil camino de la plena integración social de todas las personas con discapacidad. A partir de ahí, y cuando lleguen a las instituciones europeas, habrá que recordarles su compromiso con la discapacidad, que no debe quedarse solo en el derecho a votar.
