Qué pensaría usted si le quitan la casa y para vivir en ella ha de pagar un alquiler? Esta es la situación en que se encuentran los propietarios de las viviendas de la Casbah. Se trata de una urbanización resultante de un plan realizado en su día por el Ministerio de la Vivienda para el Ayuntamiento de Valencia, que vendió las parcelas. La Casbah, ubicada en el parque natural de la Devesa de El Saler es absolutamente legal desde sus orígenes. Después vino la Ley de Costas y los deslindes que pretendían salvaguardar el dominio pú-blico.

En las playas se han cometido muchas y grandes irregularidades. El litoral sufre acosos constantes que lo degradan y es preciso poner orden. Las ampliaciones del Puerto de Valencia, por ejemplo, han hecho cambiar el litoral. Ahí están creciendo las playas del norte y desapareciendo las del parque natural. Para corregir desmanes debe de estar la ley, pero no para crear problemas a inocentes.

No es lo mismo legalizar a quienes se pusieron en contra de la ley que ilegalizar a los que actuaron desde el principio dentro de ella. No es igual instalar un chiringuito en suelo público o ampliar una terraza fuera del espacio concedido, que edificar en una parcela urbanizada y comprada a su propietario. Las viviendas de la Casbah están edificadas en suelo urbano vendido por el ayuntamiento y han sido ilegalizados por la ley que, además, se les ha aplicado con carácter retroactivo.

La nueva Ley de Costas, aseguran, resultará muy ventajosa para legalizar a los que estaban fuera de ella, los ilegales que construyeron sobre terrenos donde no se debía; pero quienes estaban dentro de ella, los legales, han sido castigados. Curiosa ley y curiosas consecuencias. Pero ahora, además, se anuncia el reglamento. ¿Recuerdan aquel político que decía, «ellos que hagan la ley y yo me ocuparé del reglamento»? Pues ya se anuncia con detalle que quienes disfruten de una concesión tendrán que satisfacer un canon.

Así se cierra el círculo del gran dislate. A usted le pueden quitar la propiedad de su vivienda, la que promovió el ayuntamiento legalmente y compró pero, además, si desea ocuparla habrá de pagar un alquiler. Esta situación no es de chiste. Es una situación absolutamente real como la misma ley reformada.

No somos iguales ante la ley que legaliza a los ilegales e ilegaliza a los legales y crea una discriminación que resultará legal pero es injusta.