Desde 1998, la plataforma «Salvem El Cabanyal» ha utilizado los mecanismos que el Estado de Derecho pone a disposición de todos los ciudadanos y hemos hecho uso de la libertad de expresión propia de un régimen democrático, para manifestar de forma pacífica nuestras ideas en los medios de comunicación y en el espacio público, a veces con vehemencia y siempre con firmeza (pues la gravedad de la situación física y social del barrio lo requiere).
Participamos en las alegaciones a la exposición pública de las tres alternativas dibujadas para la prolongación de la avenida. A este proceso se presentaron 62 escritos con un total de 3.308 firmantes; de ellos 3.267 se manifestaron en contra de la prolongación, mientras que sólo 19 lo hicieron a favor de la alternativa elegida. Tras un cambalache entre el número de escritos y el de firmantes, se llegó a la conclusión que la alternativa más votada era la que luego se proyectaría que había obtenido 19 votos. Sobran las palabras.
Meses después, en la exposición pública del proyecto, hubo 598 escritos diferentes que contienen en realidad 72.834 alegaciones, presentadas por un total de 6.692 personas. De dichas alegaciones un total de 72.226 solicitaron la retirada del proyecto, oponiéndose con carácter general a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Siguen sobrando las palabras.
Desde el primer momento, entendimos que el problema no afecta exclusivamente a los vecinos del barrio, sino a todos los habitantes de la ciudad de Valencia y por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC) declarado por el Gobierno Valenciano, a todos los ciudadanos de la Comunitat y a todos los españoles por pertenecer al Patrimonio Español.
A este respecto, la iniciativa estrella es el proyecto «Cabanyal Portes Obertes», donde el arte se pone al servicio de la lucha social del barrio. Incluso pensamos que el tema podría interesar a Europa y al mundo entero por las repercusiones culturales que tiene.
Después de muchos artículos, conferencias y entrevistas, encontramos el apoyo de instituciones como Hispania Nostra, Europa Nostra y la World Monuments Fund.
Recientemente hemos presentado el proyecto Prolongar El Cabanyal, basado en procesos de participación ciudadana para resolver el complejo tema de la conexión de Valencia con el mar sin necesidad de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez.
Hemos interpuesto los recursos legales pertinentes contra el plan municipal, atendiendo tanto a la vía urbanística como la patrimonial. Esta última se abrió en septiembre de 1999, y culmina con la orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, en la que se declara que el plan municipal determina la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal, obliga al Ayuntamiento de Valencia a suspender su ejecución mientras no se adapte a las exigencias patrimoniales y requiere a la Generalitat para que suspenda las actuaciones administrativas relativas al plan.
En lugar de acatar la orden ministerial, el Gobierno Valenciano emitió primero un decreto-ley que luego convirtió en ley para dar apariencia de legalidad al plan municipal y que tras sendos dictámenes del Consejo de Estado, fueron recurridos por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. Su admisión a trámite supuso la suspensión cautelar de ambos.
Cuando todos esperábamos la decisión del Constitucional, un acuerdo político entre el Gobierno, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, supuso la retirada del recurso por parte del Gobierno, con el compromiso de la Generalitat de derogar su decreto-ley y su ley y del ayuntamiento de adaptar su plan a la orden de Cultura.
Los ciudadanos nos quedamos sin saber si como sospechamos, decreto-ley y ley eran inconstitucionales, con el consiguiente varapalo a la institución que los emitió.
Por otra parte, el ayuntamiento recurrió ante la Audiencia Nacional y solicitó la anulación de la orden del Ministerio de Cultura, anulación que fue denegada en sentencia posteriormente recurrida en casación al Tribunal Supremo.
El pasado 20 de junio, cuando la sentencia del Supremo estaba a punto de dictarse tras haberse reunido la correspondiente sala para la votación y el fallo tres días antes, un nuevo acuerdo político sobre el que no hemos sido consultados ni informados interrumpe el proceso jurídico.
Todo parece indicar que los ciudadanos nos vamos a quedar sin una sentencia que crearía jurisprudencia sobre el trascendental asunto de la relación entre patrimonio y planeamiento.
Después de 16 años de actividad en defensa del Patrimonio Histórico Español dentro del marco de los instrumentos del Estado de Derecho, los ciudadanos que hemos empleado nuestro esfuerzo en «Salvem El Cabanyal» comprobamos como estos recursos jurídicos pueden quedar sin sentencia, y contemplamos con estupor como otras actitudes al margen del Estado de Derecho consiguen en pocas semanas acuerdos políticos que satisfacen sus reivindicaciones (Gamonal, Can Vies, ) mientras nosotros no hemos visto satisfechas ninguna de las nuestras.
Con su actitud, los políticos en el poder parecen alimentar la revuelta y desacreditan el Estado de Derecho: la revuelta es más rentable y eficaz. Ellos sabrán.
